Ni siquiera la nueva ley exprés de desahucios, aprobada a mediados de agosto por el Congreso de los Diputados con el fin de agilizar el desalojo de okupas, y que viene a sumarse a la modificación de la legislación del año pasado para aumentar las penas de prisión en estos casos, está pudiendo evitar que se den situaciones complicadas no sólo para los propietarios de los inmuebles ocupados de manera ilegal sino también para otros vecinos de la zona.

El último caso se ha producido en Cádiz, donde varios jóvenes (los vecinos hablan de cuatro chicas y un chico de apenas veinte años, aunque pueden ser más) han okupado una finca situada en el número 13 de la calle Rosario.

Según comentaron ayer varios vecinos a este diario, la ocupación de la finca se produjo la semana pasada después de que consiguieran romper la cerradura y el candado -tipo pitón- que impedía la entrada.

Desde entonces, los propietarios de la finca y sus representantes legales han iniciado una dura lucha por intentar recuperar lo que les pertenece. "El inmueble fue comprado a un banco el pasado mes de junio y ya teníamos solicitados todos los permisos para iniciar las obras en el mes de octubre, unos trabajos de rehabilitación y reforma que se iban a hacer conforme a la legislación vigente. Sin embargo, hace unos días nos enteramos de que unos cuantos okupas habían roto los candados para meterse dentro", comentaban ayer los representantes de los propietarios.

Según comentan desde la propiedad, han recibido informaciones que hablan de que estas mismas personas habrían estado varios días antes merodeando por la zona con linternas, "como chequeando la finca para ver cómo poder acceder de la mejor forma".

Los representantes de los dueños manifestaron que esta se encuentra "en ruina funcional" y que si no ha sido ya declarada en ruina técnica es por un mero formalismo municipal. "Tanto es así -prosiguen- que ni siquiera el arquitecto que se ha encargado de redactar el nuevo proyecto, cuyas obras se iban a iniciar el próximo mes, se atrevía a acceder a algunas estancias de la finca. Hay partes por las que no se puede pasar, así que estas personas que se han introducido de manera ilegal no sólo están perjudicándonos a nosotros sino que están corriendo un riesgo".

En un principio, incluso se habló de que entre los ocupantes había niños pequeños, aunque esta medida ha sido desmentida por los vecinos, que insisten en que sólo han visto a cuatro o cinco chicas muy jóvenes.

Nada más tener conocimiento de la presencia de okupas en su finca, los propietarios pusieron el hecho en conocimiento de la Policía Nacional, cuyos agentes, "directamente vinieron a decirnos que al no tratarse de una primera vivienda estaban atados de pies y manos. En caso de ser una primera vivienda se considera allanamiento de morada, o delito de usurpación, y se soluciona sobre la marcha, pero en casos así ya hay que iniciar la vía judicial, que puede demorarse durante meses, con el consiguiente perjuicio que sufrimos los propietarios. Parece ser que la Policía en estos casos sólo puede identificarlos y filiarlos, y poco más".

Una vez que los propietarios presenten la demanda, que ayer mismo preparaban, el proceso puede tardar entre nueve y doce meses.

Los propietarios del inmueble también han notificado ya mediante un escrito la presencia de okupas al Ayuntamiento, relatando cómo el pasado 7 de junio se hicieron con la titularidad de la finca y dejando claro "que dicho inmueble no reúne las condiciones mínimas de salubridad y seguridad para ser habitado".

En el escrito presentado ante el Consistorio se notifica igualmente "el riesgo existente para estas personas ante el peligro inminente de derrumbe de algunas de las estructuras, así como la carencia total de los servicios básicos".

Fuentes consultadas por este medio han comentado que existen mafias organizadas actuando en la provincia que se encargan, prácticamente, de secuestrar viviendas y que exigen un rescate a sus legítimos propietarios si quieren recuperarlas. "Es una vergüenza. Se quitan las ganas de trabajar", finalizaron los representantes de los propietarios.

Quejas vecinales

Pero los okupas de Rosario,13 no están causando problemas únicamente a los propietarios legales del inmueble. Ayer este diario estuvo hablando con inquilinos de inmuebles colindantes que mostraron su malestar por el comportamiento de estas jóvenes, que tildan de "agresivo".

"Esta mañana (ayer para el lector) sin ir más lejos ha habido una pelea entre ellas, con muchos gritos. Hemos llamado a la Policía y cuando han llegado los agentes, un chico y una chica, no les han querido abrir. Parecía que había alguien herido y después de darle mucha coba los han convencido para que les abrieran el candado, porque la Policía les ha dicho que no los iban a echar pero que necesitaban saber que todo estaba en orden. El caso es que aquí los gritos no cesan desde las ocho de la mañana y los vecinos también nos estamos pensando poner otra demanda contra estas personas, aparte de la que pueda presentar el propietario, porque esto no se puede consentir. No puede llegar una gente sin respetar la convivencia en una calle que siempre ha sido muy tranquila".

Una vecina llegó a comentar también que una de las okupas amenazó a un vecino desde la azotea, y que también han tenido algún que otro enfrentamiento verbal con comerciantes de la zona, que a preguntas de este medio prefirieron no comentar nada al respecto.

El caso es que la tranquilidad de esa zona de la calle Rosario, cercana a algunos establecimientos hosteleros muy populares en la ciudad, se ha acabado con la llegada de estos jóvenes okupas y que, por el momento, no parece que la Policía pueda tomar cartas en el asunto.