Hace cincuenta años, Cádiz tenía el mismo número de habitantes que en 2019. Hoy resulta impensable proyectar un crecimiento de la población a corto o medio plazo. Sin embargo, hace medio siglo, al menos sobre el papel, Cádiz iba camino de los 600.000 habitantes, según el plan del Ayuntamiento de la época. Sí, no han leído mal: 600.000 habitantes.

Hay que situarse en el tiempo, hace medio siglo, para asumir que esta cifra no era una mera hipótesis de trabajo; que aunque parezca imposible, se podía cumplir. Eran los años de la especulación urbanística, cuando, a nuestro ritmo, Cádiz veía crecer inmensas promociones de viviendas a lo largo del Paseo Marítimo, la Segunda Aguada y La Laguna. Tiempos en los que no se planteaba actuación alguna para la eliminación de la infravivienda, lo que provocaba que el casco histórico alcanzase la mayor densidad de población de todo el país. Una ciudad donde se buscaban huecos para levantar bloques de nueve o más plantas, sin equipamientos públicos en sus cercanías.

Eran tiempos, también, en los que las grandes zonas turísticas de la costa, especialmente Málaga, estaban de moda. Y ahí, de pronto, aparece Cádiz. Con su término urbano tan reducido, sí, pero con una joya que hasta ese momento casi todo el mundo había ignorado: el espacio comprendido entre el castillo de Cortadura y San Fernando. Un extenso brazo de playa virgen, por un lado, y un terreno amplio, puro campo, con vistas al saco de la Bahía. Todo infrautilizado.

La historia que relatamos en este reportaje comienza hace cincuenta años, aunque el despropósito se alargará durante cerca de una década, cuando la inminente llegada de la democracia municipal consiga parar la especulación urbanística que se pretendía.

Una inversión de 9 millones de pesetas

El primer capítulo se inicia en octubre de 1968 cuando Eloy Porres de Miguel, un inversor radicado en Madrid, adquirió 47.999 metros cuadrados de un terreno comprendido entre la Casa del Gallego y el antiguo cuartelillo de la Guardia Civil, con un coste de 9.620.000 pesetas de la época. El suelo gestionado por Porres y otros socios, integrados en la Inmobiliaria Santibáñez, fue creciendo hasta alcanzar, primero, los 150.000 metros cuadrados de superficie y finalmente medio millón de metros cuadrados, más que lo que en su día ocuparon los terrenos ociosos de Astilleros.

La pretensión de Eloy Porres era edificar en estos terrenos una zona residencial con una diferenciación entre los pisos a levantar en la línea de costa, centrada en el turismo, y el interior de la Bahía, donde el 40% de los pisos estarían destinados a vecinos de Cádiz.

En total se proyectaron 12.270 viviendas, además de espacios verdes, un paseo marítimo y los viales. Una parte de los pisos se pretendía destinar a "las clases productoras", asumiendo el grave problema de vivienda que tenía la capital. "Cada vez es más evidente la necesidad de mejorar las condiciones de habitación, accediendo a un hogar digno, higiénico e independiente", decía el proyecto inmobiliario. En esta misma fecha, el obispo Antonio Añoveros publicaba un demoledor informe sobre la realidad de la vivienda en Cádiz.

El plan privado se olvidaba de la industria, que la limitaba a la relativamente cercana Zona Franca. Eso sí, los pisos para personas de mayor poder adquisitivo se ubicaban en la zona más cercana a la playa.

Los promotores vendían la bondad del clima de la ciudad, la cercanía Sevilla, y más con la autopista que estaba a punto de abrirse así como el puente Carranza, promoviendo Cádiz como centro del turismo invernal.

Eloy Porres, ya fallecido, habló con este periodista hace quince años. Recordaba entonces los problemas administrativos que se fue encontrando el proyecto, hasta quedar en el olvido. "Todo el proceso para conseguir la aprobación del proyecto se fue desarrollando con una lentitud terrible, de años y años". Porres tiró de agenda a la hora de buscar socios con capital suficiente para afrontar su plan, una vez obtuviese el visto bueno por parte de la administración.

Por una parte, logró el apoyo de Alejandro Rodríguez de Valcárcel, entonces presidente de las cortes franquistas y uno de los halcones del Régimen. En una carta al alcalde Jerónimo Almagro, fechada a comienzos de 1972, y tras hablar del complicado proceso de redacción del Plan de Ordenación de la ciudad, Valcárcel (hermano que fuera gobernador Carlos Rodríguez de Valcárcel) le recordó los proyectos en Cortadura: "Me satisface por último poder comprobar que mi patrocinado Eloy Porres de Miguel, es buen amigo tuyo y que sus deseos son justos y aceptables".

De los árabes a los suecos

Por otra, el inversor mandó recado al rey Faisal de Arabia Saudí y al sha de Irán, ambos ya con propiedades en la Costa del Sol. Les vendió el suelo como una lugar de “inusual belleza”. Pero los contactos más intensos y serios se produjeron con inversores suecos, Carl G. Mollerberg y Hans Sunquist. Los primeros contactos fueron en 1973, lo que da a entender lo complicado que le estaba resultando a Porres sacar adelante su plan.

A los suecos le ofreció la mitad de la operación, poniendo los españoles el suelo y ellos el dinero. Los suecos exigieron la construcción de hoteles de lujo y de un túnel o puente que salvase el cruce de la carretera nacional y del trazado ferroviario, que rompía en dos el suelo a urbanizar.

Todo este proceso negociador fue a la par que se elaboraba de un nuevo Plan de Ordenación Urbana para Cádiz. Un PGOU que acabó siendo extraordinariamente polémico, con un duro enfrentamiento entre el equipo redactor y el Ayuntamiento de Almagro. El documento se estaba redactando desde 1969. Pero lo pintado por los arquitectos será modificado por los políticos cuando trasladaron su propuesta para el visado de Madrid en 1974.

Unos cambios sustanciales que se explican en unas pocas cifras. El Plan de los técnicos, cerrado en junio de 1970, diseñaba una ciudad con una población máxima, incluyendo el nuevo distrito 3 que incluía la urbanización hasta San Fernando, de 247.400 habitantes. El dato ya asusta, aunque si eliminamos la expansión por el istmo, la capital se hubiera quedado en 160.000 vecinos, cerca del máximo al que llegó en la realidad en los años ochenta.

Sin embargo, el Plan que mandó el gobierno municipal en noviembre de 1974 elevaba, mejor disparaba, esta proyección de la población hasta los 625.400 habitantes, que viene a ser la mitad del censo de la provincia en 2019 o tres veces más de los que hoy tiene Jerez de la Frontera. 625.400 habitantes en los 15 kilómetros cuadrados de superficie a los que hubiera llegado la ciudad con los rellenos previstos, significa una saturación propia de las grandes capitales asiáticas.

La magnitud de esta cifra hace que un estudio por barrios ofrezca datos inimaginables.

En el casco antiguo se proyectaban 201.500 habitantes, y se permitían edificios de hasta 9 alturas en la zona de San Juan de Dios y Canalejas; en Puerta de Tierra la población crecía hasta los 242.900 vecinos, con 47.000 residentes en la zona de la Avenida; y en el Cádiz-3 se llegaba a los 181.000 residentes. De ellos 23.000 viviendo en la franja de la playa, 91.000 en la zona de la Bahía que se iba a rellenar y otros 67.000 junto al Río Arillo.

Cabía esperar que el documento fuese rechazado por el Ministerio de Vivienda en su revisión. Sin embargo, el último gobierno de Franco aprobó el Plan, en mayo de 1975, con una rebaja de apenas cien mil habitantes para el conjunto de la ciudad, y eliminando únicamente las construcciones a pie de la playa de Cortadura.

Aún con el PGOU pendiente de aprobación, el Ayuntamiento autorizó a una empresa constructora, ajena al proyecto de Porres, a actuar en la zona bajo la denominación de Sociedad Playas de Cortadura, con actuaciones de relleno tanto en el saco de la Bahía como en la franja de la playa, para lo que se construyó una carretera de servicio que hoy se usa como acceso al litoral.

El Ministerio de Vivienda, sin embargo, eliminó la zona turística entre Cortadura y Torregorda al considerar que “resulta inadmisible por ser insuficientes los terrenos que pueden ser edificables y comportan un volumen de edificación que deterioraría las condiciones del sector”, indicando a la vez que “la conservación de esta zona como espacio libre es de capital importancia para la ciudad, ya que constituye la expansión física natural de la playa, única zona importante de esparcimiento colectivo, y que ha sido utilizado así hace muchos años”.

Ante los recursos de las promotoras y del propio Ayuntamiento, el Ministerio fue contundente en defensa del medio ambiente, lo cual llama la atención atendiendo a la época en la que nos encontrábamos. Advertía Vivienda que esta operación ocasionaría “la desaparición de la playa”.

Tanto varapalo no será suficiente para el último Ayuntamiento no democrático de la capital. A finales de 1978, ya con Emilio Beltrami como alcalde, pone sobre la mesa una nueva propuesta en el Cádiz-3, con 18.000 viviendas, 2.956 apartamentos y 8.846 plazas hoteleras y una población de 106.000 habitantes, aduciendo que era la única zona de expansión de la ciudad.

Beltrami defendió este proyecto aduciendo que con el mismo se iban a solventar deficiencias en materia de dotaciones de los otros dos distritos de la ciudad, incluyen también un área industrial, un cementerio y hasta una plaza de toros.

La presión de las nacientes asociaciones de vecinos y la actuación decidida del Colegio de Arquitectos fueron decisivas para la paralización de estas operaciones, que se eliminaron de forma definitiva con las elecciones municipales del 3 de abril de 1979, las primeras democráticas desde 1936.