Hace cerca de cuarenta años todo el frente del casco antiguo que abarca desde el baluarte de la Candelaria hasta la glorieta de Simón Bolívar estaba ocupado por acuartelamientos militares, unos aún ocupados y otros ya vacíos. Hoy, la gran mayoría de estos inmuebles forman parte del patrimonio de la Universidad de Cádiz, ubicándose en ellos facultades, edificios administrativos y culturales.

Para conseguir este pequeño campus en una ciudad de tan escasa superficie y donde encontrar un inmueble de relevancia sin uso alguno acaba siendo un milagro, la Universidad logró un aliado que creyó desde un principio en su desarrollo y que puso sobre la mesa un dinero que, en la mayoría de los casos, o no tenía o le costaba mucho conseguir: el Ayuntamiento de Cádiz.

El nacimiento oficial de la Universidad de Cádiz, desgajándose de la de Sevilla, coincidió casi en el tiempo con el retorno de la democracia a los municipios. El modelo de capital que planteaba el PSOE de Carlos Díaz, alcalde desde los primeros comicios de 1979, apostaba claramente, entre otras cuestiones, por una ciudad universitaria, defendiendo la existencia de un campus integrado en el propio casco histórico.

A partir de ese momento, y con gran esfuerzo pues las arcas municipales nunca estuvieron sobradas de fondos, el Ayuntamiento realizó una gran operación para proveer a la recién nacida Universidad de Cádiz de edificios para su expansión. Fue una apuesta física que no se dio en las otras grandes ciudades de la provincia que también pujaron por quedarse con una porción de la UCA. La política ganó en esta ocasión a la lógica y la Junta apoyó la creación de cuatro campus (Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras) con una especialización en cada uno de ellos. El tiempo acabaría dando la razón a quienes entonces alertaban de esta absurda decisión que ha duplicado los costes de funcionamiento para la comunidad educativa.

Cádiz no tenía la ventaja de los otros municipios, a los que les sobraba suelo cuya cesión no tenía coste extra para las arcas locales. Aquí no había tal suelo y el poco que podía pasar a manos de la UCA estaba en manos del Ministerio de Defensa.

Primero con el socialista Carlos Díaz y después con la popular Teófila Martínez, el Ayuntamiento de Cádiz destinó durante tres décadas muchos millones de euros en comprar buena parte de los cuarteles entre Candelaria y Simón Bolívar. Y los cedió, sin coste alguno, a la Universidad de Cádiz. Allí, ésta, construyó la nueva Facultad de Filosofía y Letras y su posterior ampliación; habilitó también el Aulario de la Bomba, construyó un pabellón cubierto y unas pistas deportivas para uso universitario, adquirió el antiguo Hospital Militar que acabó siendo el nuevo edificio administrativo de la UCA, a lo que se le unió el Aulario de Simón Bolívar y las dependencias administrativas en la vieja sede de Empresariales, que se transformó en una flamante Facultad de Ciencias Económicas en donde antes estaba el Hospital de Mora, propiedad de la Diputación. La última operación de cesión de suelo, aún en época de Teófila Martínez, fue la ubicación de los laboratorios del Ceimar en el castillo de San Sebastián, también gestionado por el Ayuntamiento.

"La Universidad y su futuro en la ciudad ha sido una de las pocas cosas que me quitaron el sueño", relataba recientemente a este diario Carlos Díaz. Recuerda el viaje a Sevilla donde se mantuvo un encuentro con representantes del gobierno andaluz, el entonces rector José Luis Romero Palanco, y Ramón Vargas Machuca. De allí salió el definitivo fracaso de la Universidad de Cádiz y su división por campus y de allí salió el compromiso de recuperar para la capital la sede de la Escuela de Magisterio, hoy la Facultad de Ciencias de la Educación, para lo que ya entonces se hablaba de la Institución Valcárcel como futura sede.

Tan necesitada de espacio, la Universidad de Cádiz mantiene sin uso edificios en pleno campus gaditano. El ejemplo más lamentable, pues se acumulan años de abandonado, es el Colegio Mayor Beato Diego. En un principio se iba a reformar con el apoyo financiero de la Junta de Andalucía, pero a ésta no le salían las cuentas. Ahora es la UCA la que se plantea su recuperación utilizando sus propios presupuestos. Para ello está elaborando un estudio para ver cómo ejecuta esta operación.

La Junta sí ha salido al rescate del Olivillo, sin uso desde hace unas tres décadas y en situación de ruina casi irreversible. En este caso era la Universidad la que no podía financiar su reforma por lo que la administración lo ha convertido en el Centro de Transferencia Empresarial que será financiado con fondos de la ITI. Es, en todo caso, un compromiso que aún está por cumplir.

La Universidad tiene otro gran edificio sin uso y de grandes dimensiones: la antigua sede de la Escuela de Ingeniería.

Tal vez sería el momento de dar un paso adelante por parte de la institución académica y recompensar a la ciudad todo lo que ésta ha aportado para su actividad: aceptando la operación en Valcárcel (aunque hay miembros de Ciencia de la Educación que ven mal volver a Cádiz aduciendo que en el Campus de Puerto Real es más fácil estacionar sus vehículos) y, también, cediendo el edificio de Ingeniería, salvo que proponga ya la llegada de una nueva Facultad, para usos ciudadanos.