El concejal del Partido Popular Ignacio Romaní escapó vivo en el consejo de administración de Aguas de Cádiz después de que los tres consejeros del equipo de gobierno (Podemos y Ganar Cádiz) y las tres del PSOE no fueran capaces de ponerse de acuerdo en cómo trasladar el asunto a los juzgados. No lo han hecho para llevarlo de forma colegiada, aunque los consejeros de Podemos y Ganar han anunciado que sí van a presentar una querella por la vía penal en los juzgados y también en el Tribunal de Cuentas. El PSOE, por su cuenta, se quedó en la fórmula más conservadora de poner el caso en manos de la Fiscalía para que investigue si se ha podido producir algún tipo de irregularidad. Por ello, en este primer capítulo, Romaní ha salido indemne pero ahora le tocará el turno a la justicia si realmente las dos partes prometen lo que dijeron tras el consejo de administración.

En la sesión de ayer se llevaba el informe realizado por Aguas de Cádiz en el que se decía que Romaní podría haber incurrido hasta en cuatro delitos en el pago de 42.000 euros cuando era presidente de Aguas de Cádiz al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social que dirigía Carlos Guillén, que además era director de su tesis doctoral. En ese informe se veían indicios de que se podía haber incurrido en malversación, prevaricación, fraude y falsificación documental.

Esta falta de acuerdo se une al derribo reciente de la comisión de investigación

En el informe de Aguas de Cádiz se proponían tres vías de actuación: por un lado, llevar el tema la Fiscalía, por el otro la vía penal en un juzgado y el Tribunal de Cuentas.

Lo primero que se votó fue la propuesta de poner en conocimiento de la autoridad judicial los hechos donde las tres consejeras del PSOE se abstuvieron. Acto seguido, estas pidieron que se votara la opción de poner el asunto en manos de la Fiscalía. Ahora los que se abstuvieron fueron los tres consejeros del equipo de gobierno. Evidentemente, tanto en una como en otra los tres miembros del PP votaron en contra.

Al final ninguna de ellas salió adelante en el consejo de administración y lo único que dejó fue un reguero de reproches entre el equipo de gobierno y el PSOE.

El presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, acusó al PSOE de "ponerse de perfil" en este asunto. A la inversa, la consejera socialista dijo que la actuación de De la Fuente y los otros dos consejeros del equipo de gobierno había sido "esperpéntica" y les ha afeado que el fin que tienen es "el de seguir generando polémicas, que es para lo único que demuestran tener capacidad".

Fuentes del equipo de gobierno hablaron de "miedo" por parte del PSOE para dar el paso y añadió que "con la corrupción no se puede marear la perdiz".

Desde las filas socialistas aseguran que "si realmente defienden la opción de interponer una querella, nos preguntamos por qué no lo han hecho ya como equipo de gobierno". Aquí, en el bando contrario, también aparece lo de marear la perdiz".

Mara Rodríguez, del PSOE, recordó que los estatutos de la empresa establecen claramente que el presidente está facultado para poner los hechos en conocimiento de los órganos judiciales competentes sin necesidad de acudir al consejo de administración". De la Fuente, después de lo que pasó ayer, dijo mediante un comunicado que como presidente y como consejero "emprenderé cuantas acciones jurídicas crea oportunas y presentaré una denuncia la próxima semana para que se esclarezca lo sucedido, aunque tenga que ser sin el apoyo del PSOE , que una vez más se mantiene al margen".

En la bancada del Partido Popular se veía con sorpresa todo lo sucedido, llegando a calificar como "un paripé" el desarrollo del consejo de administración porque "nadie quería asumir llevar al juzgado otro informe de Aguas de Cádiz hecho a medida o meter la pata como en Matadero". El Partido Popular, mediante un comunicado de prensa, se cebó especialmente en la figura de Álvaro de la Fuente por haberse quedado solo "en su empeño de que sean otros y no él quien presente una denuncia falsa". Además recordaron que el último informe que hizo Aguas de Cádiz, "el del agua de Loreto, acabó desestimado en la Audiencia y con el alcalde procesado por injurias".

Esto se ha producido semanas después de que decayera la comisión de investigación establecida para el caso Romaní, ya que el concejal popular representaba a su partido y pese a que el PSOE solicitó que saliera de la misma, el ex presidente de Aguas de Cádiz no quiso hacerlo y se decidió disolverla antes de que comenzara a funcionar.