A las ocho y media de la mañana de hoy, en la Oficina del Instituto de Fomento y Empleo (IFEF), situada detrás de la Audiencia Provincial, se inicia la recogida de solicitudes y documentación, que concluirá el día 24, para el programa de ayuda a la contratación previsto por parte de la Junta de Andalucía para la lucha contra la exclusión social.

La tramitación para acceder a contratos a tiempo parcial comenzó el pasado día cuatro con el reparto de solicitudes en nueve puntos de la ciudad y también a través de la web www.cadiz.es, y se prolongó hasta ayer.

De acuerdo con el decreto de medidas extraordinarias y urgentes se requiere ser español o extranjero, tener cumplidos los 18 años y no exceder de 65, con domicilio en el municipio de Cádiz, ser demandante de empleo durante un periodo igual o superior a 12 meses de los últimos 18, que la unidad familiar tenga residencia efectiva en la comunidad autónoma de Andalucía y empadronados en el mismo domicilio como mínimo desde el uno de junio de 2012, que los Servicios Sociales Comunitarios acrediten que la unidad familiar está en situación de exclusión social y que el importe máximo de los ingresos mensuales de la unidad familiar no superen los 787,77 euros (1,5 del IPREM).

En Cádiz está previsto contratar a 217 desempleados durante tres meses, excepto un contrato que será de un mes, para trabajos en las áreas municipales de Mantenimiento Urbano, Playas, Limpieza y Parques y Jardines.

El contrato será por obra y servicio, con categoría de peón, y la retribución bruta mensual ascenderá a 707,8 euros.

Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, más del 20 % de la población de Cádiz capital se encuentra en situación de exclusión social, de pobreza severa, y el 45 % en situación de pobreza.

Por otra parte, el próximo viernes, a las doce del mediodía, la Plataforma Social de Cádiz ha convocado una movilización a las puertas de la Subdelegación del Gobierno contra el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno Central contra el Decreto de Función Social de la Vivienda en Andalucía.

Desde la Plataforma señalan que aunque son necesarias actuaciones más contundentes que el Decreto de la Junta, el mismo supone un primer paso muy importante y un avance para anteponer el derecho a la vivienda frente al derecho a la propiedad de la banca.

Se estima que más de 4.000 gaditanos se encuentran inscritos en el registro de demandantes de viviendas y al menos 150 familias viven en situación de extrema necesidad y en infraviviendas.

Al respecto distintas ONGs y asociaciones vecinales tienen previsto realizar un censo barrio por barrio para determinar la situación en la que se encuentran los vecinos en lo que respecto a la vivienda, en contraste con los solares que permanecen vacíos en la ciudad.