El portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní, rechazó ayer la acusación del equipo de gobierno sobre la supuesta "indefinición" en la que había quedado la situación de los chiringuitos en la ciudad: "No dejamos indefinición alguna con los chiringuitos, lo que hicimos fue cumplir la ley y ahora hay un decreto del alcalde que roza la ilegalidad, privatiza la playa y sobre todo crea inseguridad jurídica a los empresarios. Lo que nosotros no hicimos fue engañar a la gente como están haciendo ahora desde el equipo de gobierno", dice Romaní a través de una nota de prensa.

Los populares afirman que la situación legal, administrativa y urbanística de los chiringuitos se sujetaba, "y se sujeta aún", por el pliego de condiciones y posterior contrato con los concesionarios de los chiringuitos y el PGOU: "Ahí no hay indefinición alguna; se dicen los metros que se ocupan, los meses que se pueden abrir, lo que pagan cada año y a quien se lo pagan, y urbanísticamente ni que decir tiene que está más que claro. Aquí la única indefinición es que alguien del actual gobierno permitió cosas que no estaban ni en el pliego ni en el PGOU, así de claro. El alcalde firmó un decreto por su cuenta y riesgo que roza la ilegalidad, y esa es la única indefinición que se produjo".

"Entre la Junta y el Ayuntamiento han privatizado las playas", dicen los populares

El Grupo Popular recuerda que una vez finalizada la adjudicación de los chiringuitos a sus actuales concesionarios se produjo una modificación en la normativa autonómica que posibilitaba otras condiciones que no eran las recogidas en el pliego de contratación al que habían optado. Ante la petición de algunos empresarios adjudicatarios de acogerse a esas medidas de la nueva normativa, y una vez consultada la Secretaría General del Ayuntamiento, se les ofreció la única opción legal posible: que renunciaran a la concesión municipal y se sacara un nuevo pliego para la adjudicación de los chiringuitos al que podrían optar, nuevamente, en condiciones de igualdad con el resto de interesados. Los empresarios adjudicatarios de esas concesiones rechazaron esta posibilidad.

Según el PP, antes los chiringuitos y el espacio que ocupaban eran de la ciudad y se les concedía a empresarios que daban servicios y generaban empleo. "Ahora parte de la playa está en manos privadas según la Junta que es quien tiene competencias y es la ciudad la que no tiene la concesión sobre los mismos".