El Grupo Municipal del Partido Popular ha enviado un escrito a la Subdelegación del Gobierno en la que insta a esta administración estatal a que recurra ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la sentencia que respaldaba la remunicipalización de los servicios de playas en el Ayuntamiento de Cádiz.

El escrito, que está firmado por el portavoz de esta formación en el Consistorio, Ignacio Romaní, señala que en la provincia se han producido dos sentencias contradictorias en remunicipalizaciones de servicios "que crean inseguridad jurídica dentro del mismo territorio", en referencia a Chiclana, donde sí se ha echado para atrás el proceso.

También pide que la Abogacía del Estado emita un informe sobre la situación de estas dos sentencias contradictorias en sendos juzgados de lo contencioso-administrativo y además se informe de la responsabilidad en el caso de que finalmente no se recurra "para así no incurrir en responsabilidades de este Grupo Municipal por otras posibles anulaciones de lo llevado a cabo por el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz".

El escrito del Partido Popular insiste en que la sentencia de primera instancia no es firme y además, presenta "argumentos no ajustados a derecho".

La Subdelegación mostró su intención inicial de no recurrir, pero finalmente está a la espera, precisamente, del informe de la Abogacía del Estado para presentar el recurso o no hacerlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Cabe recordar que el Contencioso-Administrativo consideró que la remunicipalización se había hecho conforme a lo establecido por la ley, ya que la absorción de los trabajadores de las contratas por parte de la sociedad municipal Cádiz 2000 se había hecho atendiendo a la ley. Así, decía que cumplía los requisitos para acogerse a los preceptos del Estatuto de los Trabajadores.

En la sentencia se reflejaba que los empleados no se convertían en trabajadores públicos sino en laborales fijos no indefinidos.

El PP desde el primer momento se mostró en contra de la remunicipalización pero no se personó en su día contra este asunto en los juzgados porque ya lo había hecho la Subdelegación del Gobierno, entonces en manos de los populares.