El presidente del Grupo Municipal Popular, Juancho Ortiz, ha denunciado públicamente las presiones del equipo de Gobierno, y en concreto del presidente de EMASA, Martín Vila, a los trabajadores municipales de la grúa para que realicen las funciones que corresponden a los agentes de la Policía Local, que son los únicos competentes para la imposición de multas y disponer la retirada de vehículos de la vía pública. El edil popular indicó al respecto que la intención de Vila es que "los gruistas realicen su turno sin la preceptiva presencia de un agente de la Policía Local en las operaciones de sanción y retirada de vehículos, lo que es de todo punto irregular".

Juancho Ortiz lamenta que la situación de la plantilla de la Policía Local de Cádiz, ignorada por el alcalde y su concejal, Quirós, esté repercutiendo de manera tan negativa en toda la ciudad: "A la ausencia de agentes en las playas, en los barrios, en servicios tan importantes como el de Viogen, se suma ahora el déficit en el servicio de grúa, que es imprescindible para la ciudad. La solución de Kichi y Vila al conflicto que mantienen con la Policía Local es trasladarlo a los trabajadores de EMASA, a los que se les está sometiendo a una presión intolerable por parte de un Gobierno municipal".

"La situación económica de EMASA es extrema –según Juancho Ortiz– porque han dedicado la liquidez que encontraron de la venta que se cerró de los Talleres Faro a tapar boquetes y ocurrencias con ese desbarajuste que tienen respecto a las bolsas de aparcamiento. Frustraron la construcción del parking de la Carretera Industrial, y la única solución que ofrecen es aumentar ficticiamente las cuentas de la empresa trasvasando patrimonio municipal a titularidad de la sociedad, un verdadero desastre".

El concejal popular y consejero en EMASA advierte también que el servicio de grúa está arrojando un déficit anual reconocido por la Presidencia de entre 400 y 500 mil euros. "Esta situación, sumada a la eliminación de plazas de zona azul en plaza España, que se ha cuantificado en una caída de ingresos de 220.000 euros al año, y la eliminación de cerca de 2.500 plazas de aparcamiento en toda la ciudad, hace que las previsiones sean terribles. Tanto, que los planes de Vila pueden llevar a EMASA a la disolución en menos de tres años", concluye.