En la Oficina para la Defensa de la Vivienda de la Junta de Andalucía se han atendido desde su puesta en marcha, hace un año, y hasta el pasado 31 de diciembre 916 visitas, de las cuales 69 casos corresponden a prevención, resueltos favorablemente al 100%. En la fase de prevención el personal realiza tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca como información sobre el efecto de los impagos, constitución de hipotecas, adecuación de cuotas, posibles cláusulas abusivas, etc.

Los casos de intermediación han sido 708, de los que 265 se resolvieron por información favorablemente, 421 están en trámite y 22 se solucionaron desfavorablemente.

Las funciones de intermediación se ejercen ante las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída. El equipo de profesionales presta un triple servicio basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria. Algunos casos concretos son la negociación sobre dación en pago con cancelación de deuda, de carencia en la amortización del capital, asesoramiento sobre documentación a presentar, negociación de costas procesales de una forma más flexible, etc.

El número de casos de protección asciende a 129, de los que 100 fueron solventados favorablemente y 29 están pendientes.

La oficina garantiza también la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social.

Tras la aprobación y entrada en vigor de La Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, en la actualidad hay tres expedientes que han superado la fase de información pública y se estaba pendiente del requerimiento de documentación de los otros 12 para continuar con el procedimiento, ahora suspendido por la admisión a trámite del recurso interpuesto por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.