Tiró de archivo pero no se pronunció sobre la propuesta socialista de trasladar la Facultad de Ciencias de la Educación del Campus de Puerto Real al Campus de Cádiz, concretamente al edificio Valcárcel. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, fue preguntada ayer por esta iniciativa, y no se manifestó a favor ni en contra de la misma. Sí recordó la existencia de un proceso judicial abierto entre Diputación (propietaria del inmueble) y la empresa Zaragoza Urbana (adjudicataria para la construcción del complejo hotelero), y también pidió al PSOE de Cádiz que "acuda primero a la Junta de Andalucía para ver si va a financiar" la actuación, algo que el secretario general del PSOE de Cádiz y portavoz municipal, Fran González, hizo el pasado jueves. El dirigente socialista presentó el proyecto a los representantes de la Secretaría General de Universidades de la Junta de Andalucía con el fin de recabar apoyo institucional y financiero.

La regidora manifestó tener la sensación de que el PSOE de Cádiz "no tiene modelo para la ciudad y está jugando al Monopoly. Como están tan unidos, como tienen tantas voces, cada día proponen una cosa". "Tienen una esquizofrenia política que no saben qué proponer en esta ciudad", agregó. Y criticó que no fueran capaces de sacar adelante el Colegio Mayor Beato Diego, así como que no sepan qué hacer con el edificio del Olivillo o con la Escuela de Náutica, y que no tengan dinero para la Ciudad de la Justicia, el Hospital Regional o las casas del Matadero.

Asimismo, mostró su indignación cuando hizo referencia a la modificación que habría que realizar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para devolverle al Valcárcel su uso educativo: "El Grupo Socialista y el Partido Socialista de esta ciudad fueron los responsables de que tuviéramos que tramitar, antes de la modificación del PGOU y seguramente por razones electoralistas, el cambio de uso del edificio, de educativo a hotelero. El PSOE, para salvar una flagrante prevaricación, puso como salvaguarda que la empresa que compraba el Valcárcel no lo pagara hasta la aprobación del Plan General, y nos forzaron a hacer un convenio para tramitar con la empresa esa modificación del PGOU". "Y ahora vienen a decirnos que lo que ellos nos obligaron a cambiar, hay que cambiarlo otra vez".

La alcaldesa recordó cómo se realizó la venta "un poco excepcional, rara y a prisas" del histórico inmueble, así como el incumplimiento, por parte del Partido Socialista, de un acuerdo con el equipo de Gobierno para construir un aparcamiento público de 400 plazas bajo la zona deportiva del Valcárcel como compensación al aumento de edificabilidad que le otorgaba el Ayuntamiento para la Ciudad de la Justicia y el cambio de uso (de educativo a administrativo público) de la Institución Provincial. "Ahora, después de todo eso, todavía no se ha actuado en el Valcárcel. Ellos lo estuvieron gestionando desde 2003 hasta 2011, y ahora nos vienen con éstas".