"Hicimos bien en no ceder a los chantajes, a pesar de las presiones que sufrimos para mitrar a otro lado en un asunto que era una clara infracción administrativa", afirma a Diario de Cádiz el teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila, lógicamente satisfecho por una sentencia que con tanta claridad ha ratificado la actuación correcta del Ayuntamiento en el caso de los chiringuitos.

"Hemos actuado como debíamos, en defensa de la legalidad urbanística: sea un vecino que hace una obra ilegal o sea un empresario de costa que amenace con titulares o querellas. La ley es igual para todos", agrega el edil que además incide que se ha trabajado en "defensa de la playa como espacio natural, uso público frente a un coto privado, como han pretendido algunos".

Recuerda el concejal que el Ayuntamiento apoya este tipo de establecimientos hosteleros al ser "un recurso necesario que mejora la oferta para turistas y vecinos, pero un chiringuito es una cosa y las ocupaciones cerradas de 300 metros cuadrados son otra cosa".

Junto a ello, que si se hubiera permitido una actuación de este tipo se habría pecado de "competencia desleal: ni respecto a los bares y restaurantes del Paseo, ni respecto a otros licitadores que en su día pujaron con unas condiciones que unos pocos han querido cambiar a mitad de partida".