Loreto se sube a un polémico ascensor

El barrio de Loreto se ha subido al tren de la accesibilidad. Veintidós edificios del barrio dispondrán de un flamante ascensor, según la lista beneficiarios de la convocatoria de subvención ofertada por la Junta, en la que todos los proyectos han sido adjudicados a la empresa Vía Augusta.

Cada proyecto aprobado, que asciende en su mayoría a 100.263 euros, recibirá el 50 por ciento del total como subvención del Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria que desarrolla la Consejería de Fomento y vivienda de la Junta de Andalucía. Algunas fincas han sido subvencionadas en concepto de conservación.

Pero algo no les cuadra a muchos vecinos que no ven claro el proceso de la adjudicación y que lo narran a Diario de Cádiz, erigiéndose como portavoz de este sector descontento Juan de Dios Delgado. A la cita acude su mujer, Adela, y otros vecinos como Pepe, Antonio, Santiago, José Manuel y Juan Antonio, que viven en la calle Infante de Orleans, 1, Hermanos Ortiz Echagüe, 10 y Carlos Haya, 8 y 6. Cuenta Juan de Dios que la convocatoria de ayudas salió el 29 de julio, "con poco tiempo para solicitarla, poco más de un mes y en pleno mes de agosto".

Es cuando entra en acción Vía Augusta, que contacta con los presidentes de las comunidades de buena parte del barrio, ante la gran la oportunidad que se les presentaba a todos. Es el 24 de agosto cuando empieza la ronda de reuniones, "una tras otra, incluso dos el mísmo día y en la sede de esta empresa". En este primer encuentro exponen el procedimiento para obtener la subvención, cuyo plazo estaba a punto de expirar, se ofrecen para gestionarlo y asesorar de principio a fin, encargándose de todos los requisitos necesarios. Así de sencillo, una especie de paquete cerrado para el que sólo era necesario firmar, pagar las cuotas y esperar la llegada del ansiado ascensor, que muchos de los vecinos esperan como agua de mayo, debido a su avanzada edad.

El problema es que el proyecto muy similar "casi calcado de una a otra finca" que se construiría "a imagen y semejanza al que se hizo en Carlos Haya 4, el primero que hicieron en Loreto", conlleva la cesión de zona privativa, parte de la terraza lavadero -la mayoría convertidas en cocina- de estas casas, y muchos vecinos no están por la labor de perder parte de sus viviendas. "Y con ello, ventilación y luz y sin contemplar la indemnización por esta expropiación ni por los costes que nos supondrá el cambio en las escrituras, pues pasaremos a tener menos metros", añaden. Quieren ver otras alternativas, lógicamente, que no invadan su propiedad, pero todo se cierra rápidamente "quince días después de esta primera reunión, con la firma de un contrato casi de exclusividad con ellos".

La cuestión es que la Consejería de Fomento exige entre los requisitos y documentación a presentar por cada comunidad de forma "obligatoria" tres presupuestos de diferentes empresas, justificando el elegido. Algo de lo que en ninguna de las comunidades sondeadas -una decena- tienen constancia. De hecho, "ninguna votó a priori entre tres presupuestos por la premura de tiempo, directamente fue el proyecto de Vía Augusta" aseguran los vecinos y confirman dos administradores de varias fincas con los que se ha contactado, y que solicitan expresamente omitir sus nombres. Otro, el ofertado directamente por Vía Augusta, dice que barajaron otras alternativas "pero al no ser viable técnicamente fue desechado por los vecinos y no se presentaron", aunque esto parece que ocurrió a posteriori. De hecho, añaden los afectados, "no puede haber ningún acta firmada de aquella reunión inicial con la elección de uno entre tres presupuestos, y si es así, nos han engañado".

Por su parte, fuentes de la Delegación de Fomento aseguran que "todas las comunidades han presentado los tres presupuestos, tal y como dicta la ley", y que lo tienen en su poder.

Fue en abril cuando tuvieron una reunión que les resultó esclarecedora con el Servicio de Rehabilitación y Arquitectura de la Junta. "Un administrador de una finca de Loreto preguntó en abierto sobre la posibilidad de cambiar el proyecto posteriormente", tal y como se recoge en los requisitos y cuyo documento aportan, "ante lo que contestaron que sí, si cumple la normativa". Tras informar a los técnicos de cómo se había producido todo, "lo que les sorprendió, quedaron en buscarnos una solución". Pero a los pocos días aparece en tres comunidades un comunicado de la Junta -que también muestran- sin firmar ni sellar en la que les informan de la imposibilidad de rectificar el proyecto, "ante lo que solicito que me confirmen por escrito esto, sin obtener respuesta alguna".

Ante la pregunta de por qué tantas comunidades han aceptado este plan responden con la "manipulación" a la que han sometido al barrio. Entre otros puntos que manifiestan destacan el acta de la segunda reunión que tuvieron en enero, que literalmente dice "estudio y toma de decisiones sobre la posibilidad de tomar acciones legales contra aquellos propietarios que no estén dispuestos a ceder el espacio necesario".

Además, "Vía Augusta ha comunicado a algunas comunidades verbalmente que si se echan para atrás, deben pagar 11.000 euros". ¿Quién se va a echar para atrás?, dicen. "Los presidentes no quieren jaleo y los que no están conforme tampoco pueden pagar proyectos alternativos, ni abogados".

Por este motivo Delgado lo ha denunciado judicialmente "para impugnar las actas, que nuestros secretarios han copiado literalmente de un administrador de finca que ha asistido a las reuniones, al igual que representantes de Vía Augusta". Actas idénticas que muestran los denunciantes.

Pese a todo, algunas comunidades han presentado al Ayuntamiento otros estudios previos "que rondan los 70.000 a 80.000 euros" que no invade zona privativa, y están a la espera de respuesta. Porque, "claro que queremos un ascensor, tengo dos niñas pequeñas, pero viendo todas las alternativas y no así. Hemos entregado las comunidades a una única empresa", concluye Delgado.