El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza (PP), utilizó ayer el despido del gerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT), Teodoro Garrido Curra, como ariete contra la Junta de Andalucía. Así, justificó su despido por su reciente imputación en el proceso judicial que investiga la supuesta estafa de 21 millones de euros vinculada al plan Bahía Competitiva, pero recordó que la Administración andaluza aún mantiene en su cargo a la directora provincial de la Agencia Idea, Rosa Mellado, igualmente imputada y que, según precisó el presidente de la Diputación, "sigue tomando decisiones de este tipo", en referencia a a la concesión de ayudas para la reindustrialización.

En la rueda de prensa de ayer en la que hizo balance de sus dos primeros años al frente de la institución provincial, Loaiza se mostró como una persona libre de cualquier carga en torno a este presunto fraude. "Nosotros ya hemos tomado medidas en el IEDT y en la Diputación", dijo después de recordar que en agosto de 2011, apenas un mes después de haber llegado al cargo, "ya denunciamos que había algo raro en Bahía Competitiva". Y añadió incluso que esa denuncia estaba sustentada en "pruebas claras", entre las que citó un correo del entonces gerente de este plan, el socialista Antonio Perales, "en la que daba órdenes de a quien había que favorecer" con las ayudas que otorgaba el Ministerio de Industria en el último Gobierno de Zapatero. Y añadió también que este caso salpica "a familiares o allegados" tanto del propio Perales como de Luis Pizarro, ex consejero de la Junta de Andalucía.

El máximo responsable de la Diputación se posicionó ayer a favor de "no demonizar" el IEDT, un organismo en el que, apostilló, la gran mayoría de sus trabajadores "son personas honradas". "El problema de la reindustrialización no han sido los funcionarios sino el director general de Industria del PSOE en Madrid -refiriéndose a Jesús Candil- o el señor Perales", añadió.

Y recordó que el caso Bahía Competitiva ha salpicado al IEDT con tres imputaciones: la del ya ex gerente, Teodoro Garrido, que ha sido despedido aplicándole una indemnización de 20 días por año trabajado conforme marca la reforma laboral; la de la ex diputada provincial de Empleo, la socialista María José Valencia, "a la que Irene García se cargó en diez minutos como concejal en Sanlúcar por ser contraria a ella", precisó Loaiza; y la de la funcionaria Adelaida Moares, que se mantiene en la Diputación al tener su plaza consolidada aunque ya no tiene responsabilidades en materia de reindustrialización y ayudas a empresas.