El Partido Popular mostró ayer su respaldo a la plantilla del centro tabaquero de Altadis durante una reunión con el comité de empresa y anunció que pedirá la comparecencia del consejero de Empleo, Antonio Fernández, para que "explique qué planes tiene la Junta de Andalucía" ante el nuevo ERE presentado por Imperial Tobacco dentro del proceso de integración de Altadis en el grupo británico tabaquero. El presidente provincial y portavoz de Empleo del PP en el Parlamento, José Loaiza, acompañado por una representación del partido, explicó que esta misma iniciativa se llevará también a la Diputación Provincial y al Congreso de los Diputados, y recordó que el pasado viernes el Ayuntamiento de Cádiz ya expresó su rechazo a la que representa la quinta regulación laboral que sufre la industria tabaquera gaditana.

Loaiza basó la oposición del PP en que la compañía "no ha hablado en ningún momento de una falta de rentabilidad de la planta de Cádiz". Al contrario, el presidente popular aseveró que "los tres procesos actuales -preparación de ligas, tabaco expandido y tabaco reconstituido- son rentables e, incluso, algunas de las producciones son cada vez más demandadas, por lo que no es de recibo que se traslade la producción y se descapitalice industrialmente la Bahía de Cádiz".

El ERE planteado por Imperial Tobacco hace quince días afecta a 226 trabajadores, y aunque la mayoría tendrá acceso a prejubilaciones -aquellos mayores de 52 años-, casi una treintena podría verse sometida a traslados o despidos forzosos. "La ciudad no se puede permitir algo así", remarcó Loaiza y, por ello, el PP "será respetuoso y hará lo que nos pida el comité y los trabajadores para defender los intereses de las familias gaditanas".

El comité de empresa de Altadis recogió el guante lanzado por los populares dentro de la ronda de contactos emprendida para recabar apoyos entre las instituciones y partidos políticos. El comité reiteró que reclamará "el mantenimiento de la actividad y del mayor número posible de empleos" porque considera que la fábrica tiene viabilidad. "Tenemos que hacer todos un esfuerzo por que esto no sea un cierre encubierto, ya que nadie se piensa que la planta se vaya a sostener mucho tiempo con 65 empleados", apuntó la presidenta del comité, Carmen Pérez (AO). "No se puede lanzar un plan en estas condiciones y con medidas que, dicen, no son traumáticas para la plantilla, pero la realidad es sí lo son para Cádiz". La portavoz laboral criticó duramente la legislación laboral "española y europea" porque permite que multinacionales como Imperial Tobacco "se aprovechen" de ellas y planteen expedientes de regulación como éste que afectan al 80% de la plantilla. "O se cambian las normas o los trabajadores vamos a estar siempre pendientes de un hilo porque siempre habrá un tercero que haga el trabajo más barato".