El Juzgado tramita la petición de juicio oral por el caso Rilco
La Audiencia Provincial será la que tenga que fijar la fecha para la vista · La Fiscalía pide 10 años de prisión para Manuel Rodríguez de Castro y 13 para Miguel Osuna
El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz ha pedido ya a la Audiencia Provincial de Cádiz la apertura del juicio oral contra los exdelegados del Gobierno de la Zona Franca por el Partido Popular, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, los propietarios de Miami Free Zone, Germán y Camila Leyva y dos técnicos del Consorcio por el llamado caso Rilco. Este es un trámite habitual y a partir de ahora será él órgano judicial provincial el que tendrá que determinar la fecha de la vista.
Cabe recordar que la Fiscalía pidió en su escrito de acusación 10 años de prisión para Manuel Rodríguez de Castro. Dos años y una multa de ocho millones de euros son por un delito continuado de fraude; ocho años y 20 años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos en concurso con otros tres: prevaricación, fraude y falsedad en documento mercantil.
Para Miguel Osuna la petición de pena se elevaba hasta los 13 años, superior a la de su antecesor y que aparece como el que urdió toda la trama para el desvío de fondos públicos. Para Osuna, el fiscal pide dos años de prisión y una multa de ocho millones de euros por un delito de fraude por incumplimiento de condiciones para las que fue concedida una ayuda; seis años de cárcel e inhabilitación por 15 años por malversación; un año de prisión por encubrimiento y cuatro años de cárcel por falsedad en documento oficial. Todo eso suma los 13 años.
Para el matrimonio Germán y Camila Leyva el fiscal solicita ocho años de prisión por malversación y otros delitos. En el auto judicial que cerró la instrucción del caso hay indicios de que los Leyva se concertaron con Rodríguez de Castro para crear una empresa, Miami Free Zone, a la que adjudicar la creación y el desarrollo del portal informático Rilco y hacerse con unos millones de euros de la Zona Franca.
Para los otros dos procesados, O.R. y S.M., el fiscal pide cinco años de prisión, repartidos en uno por un delito de fraude y otros cuatro por malversación.
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