La Junta intenta cobrar cuatro realojos en el juzgado

Las administraciones públicas también son propietarias y, como tales se enfrentan a los mismos problemas que los demás caseros, entre ellos el impago.

El Patronato Municipal de Vivienda nunca ha tenido que recurrir al juzgado para cursar un desahucio por morosidad, y eso que hay un pequeño porcentaje de gente que deja pasar los meses sin pagar la renta. La entidad manda cartas, llega a acuerdos e intenta que su inquilino acceda a hacer frente a la deuda de una forma negociada que no perjudique a nadie. Al ser estos unos alquileres muy bajos, el porcentaje de morosos también lo es, de una media del diez por ciento, una cifra que incluye a personas mayores que han sufrido un despiste, cosa que ha pasado más de una vez. Y no parece que el porcentaje de morosidad haya aumentado en los últimos tiempos.

La Junta tiene pisos divididos en dos lotes, los de su patrimonio (los que son de su propiedad en el casco histórico, por ejemplo), que se gestionan por un lado. Por otro, en manos de la Oficina de Rehabilitación, están las casas de realojo, donde permanecen los vecinos a la espera de que se arreglen sus casas.

La mayoría de estos pisos están situados en la barriada de Astilleros, en tres bloques, aunque hay otras viviendas en el casco histórico e intramuros. Hace un año la Junta detectó que había 45 inquilinos que no pagaban sus rentas y decidió actuar. A los tres meses de impago se envía un primer escrito reclamando el pago. Estas comunicaciones se repiten, y posteriormente se habla con los inquilinos para tratar de acordar una forma para que hagan frente a la deuda; si esto no funciona, se acaba en el juzgado.

El director de la Oficina de Rehabilitación, Jesús Martínez, explica que esto sólo se aplica en casos muy extremos y que, aun así, se les advierte que se retirará la demanda en cuanto depositen el dinero. Es más, la Junta no pide el desahucio, sólo reclama las cantidades que se le adeudan.

De los 45 casos detectados, siete se solucionaron en cuanto se dio un toque de atención a los vecinos y estos pagaron sin mayores problemas. En otros 19 casos se pactaron compromisos para abonar la deuda, y hay otros quince que están pendientes de que la trabajadora social se reúna con las familias puesto que se teme que puede haber problemas en la casa que dificultan el pago del alquiler. En otros cuatro casos, la Junta está pidiendo dinero ante el juez y, curiosamente, todos son vecinos de Astilleros.

La mayor deuda de estos cuatro inquilinos asciende a 5.730,74 euros, algo que no deja de ser llamativo dado que la renta máxima de estos pisos es de 180 euros mensuales. A esta le sigue una deuda de 3.027,30 euros, 2.663,91 y una última de 1.143,12. En total, la Oficina persigue en el juzgado el cobro de algo más de 12.500 euros.

En todo caso, el porcentaje de morosidad en los pisos de realojo de la Junta no deja de ser bajo, puesto hay 45 casos detectados -de los que habría ya que restar los que pagaron y los que han acordado cómo hacerlo- pero la Junta tiene unas 400 familias viviendo en hogares provisionales.

Tanto la Junta como el Patronato Municipal de Vivienda son, de todos modos, caseros con la singularidad de temer al desahucio tanto o más como los propios inquilinos y, de hecho, no lo practican. Las dos prefieren arreglar las cosas por las buenas y agotar todas las posibilidades de que el inquilino acabe pagando lo que debe. Para la Junta, esos casos que están en el juzgado son muy delicados: se habían agotado todas las vías de diálogo aunque aún se conserve la esperanza de evitar la sentencia mediante un pago.