La Junta de Andalucía estudiará si hay irregularidades en una oferta pública de empleo de siete plazas de auxiliar administrativo por turno libre en el Ayuntamiento de Cádiz. La administración andaluza ha pedido información al Consistorio gaditano al respecto, tras la denuncia presentada por un grupo de personas que se están preparando estas oposiciones por irregularidades en el proceso.

En concreto, estos opositores presentaron un escrito ante el propio Ayuntamiento y ante la Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en el que explican que tras ser anunciada esta oferta en el año 2016 y publicada en el BOP en diciembre 2018, el pasado 21 de octubre de 2019 el BOP publicó una modificación del Acuerdo Regulador de Funcionarios del Ayuntamiento de Cádiz que afecta directamente a las bases de la convocatoria y "vulnera nuestros derechos y libertades", según los opositores. Y es que esta modificación concede a los interinos prioridad en los puestos de la convocatoria, con independencia del resultado que obtengan en las pruebas.

La modificación se ha producido en el apartado 3 del artículo 11 del mencionado acuerdo, quedando de la siguiente forma: "La selección de funcionarios interinos se efectuará a través de las bolsas de trabajo generadas a partir de celebración de pruebas selectivas de la última OEP o PEPI ejecutada, en la que todo el personal que en los últimos tres años haya mantenido alguna relación contractual en el puesto de la convocatoria y con independencia de la duración de la misma, en el Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, se ordenará en la bolsa de trabajo con el criterio prioritario de la totalidad de antigüedad en los puestos objeto de la convocatoria y con independencia del resultado obtenido en el proceso correspondiente". Continúa diciendo que el resto del personal "se ordenará siempre a continuación de estos" en la bolsa correspondiente.

Tras presentar su escrito en el Ayuntamiento y en la Junta de Andalucía, los denunciantes contaron a este periódico que ellos asumen que los interinos siempre van a tener más puntos y más posibilidad de acceder al puesto por la antigüedad, pero destacaban que con esta modificación que se ha realizado, ni siquiera necesitan aprobar el examen. Entonces, para ellos ya no tiene sentido presentarse a estas oposiciones, "después de llevar dos años preparándonos con mucho esfuerzo, pagando un preparador, quitando tiempo a nuestras familias y horas al sueño". Así, calificaban de "robo" toda esta situación porque "no pueden cambiar las condiciones a última hora".

Según la denuncia que presentaron, la modificación del Acuerdo Regulador de Funcionarios del Ayuntamiento de Cádiz vulnera varios derechos, entre ellos, el artículo 10.2 del Real decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge que "la selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad". Por ello, entienden que esta situación "incurre en vicio de nulidad absoluta por vulneración de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional" y han solicitado que el Ayuntamiento modifique las bases "a fin de restablecer la legalidad vulnerada".

Los opositores señalaron a este periódico que no entienden que se haya hecho esta modificación para beneficiar a los interinos, "cuando se trata de unas oposiciones de turno libre, mientras que para consolidar los puestos de trabajo hay otras fórmulas".

Asimismo, insistían en que con su denuncia, no pretenden quitarle el puesto de trabajo a nadie, "lo único que queremos es que no nos quiten a nosotros la oportunidad de entrar en la bolsa de trabajo y poder tener las mismas oportunidades que ellos tuvieron en su día; pero con esta modificación se nos hace imposible. Queremos que no haya privilegios y que se cumpla la legalidad", concluían.

La Junta ya ha recibido la información solicitada al Ayuntamiento; ahora tiene que estudiar si está completa para valorar si el proceso es impugnable o no.