La Junta analizará todas las licencias dadas a pisos turísticos en Cádiz en zonas prohibidas

La Delegación Provincial de Turismo en Cádiz, encargada de la tramitación administrativa de las VFT, Viviendas con Fines Turísticos, va a realizar un "estudio y análisis" de todas las inscripciones que se han aprobado en el último año en la capital, desde que el Ayuntamiento aprobó una nueva ordenanza contra la turistificación en la ciudad.

Los técnicos de la Junta tendrán en cuenta esta normativa para comprobar si las nuevas VFT están de acuerdo con ella o la incumplen, por lo que funcionarían de forma ilegal.

Este diario público hace unas semanas un estudio propio en el que se denunciaba que la mayor parte de la VFT inscritas por la Junta el último año en Cádiz y en el casco histórico eran ilegales, al ubicarse en zonas y fincas prohibidas para este tipo de alojamiento. De la misma forma se destacaba la existencia de decenas de VFT en la misma situación pero en Puerta Tierra.

Esta semana, un informe elaborado por el propio Ayuntamiento ha venido a corroborar lo adelantado por Diario de Cádiz, destacando que todas las nuevas VFT de intramuros incumplen la ordenanza y que hay 80 en extramuros que también pueden considerarse ilegales.

Se destaca desde la Junta que una vez concluya su propia valoración se dará a conocer su opinión sobre esta situación.

La inscripción de una VFT en el registro de la Junta es un proceso casi mecánico, en el que el propietario debe incluir una serie de datos sobre el piso de alojamiento. Se advierte que un inspector puede acudir a esta vivienda para ver si ésta cumple todas las normas en cuanto a equipamientos, aunque no siempre se da este paso.

Desde la Junta se destaca que el proceso de elaboración del nuevo decreto sobre las Viviendas con Fines Turísticos en Andalucía está a punto de concluirse, tras un largo proceso de elaboración. De lo conocido hace ya meses sobre este documento, la administración regional asume el problema que supone estas VFT en determinados municipios de la región, con una saturación de oferta, a la vez que plantea normas para garantizar la legalidad de las actuaciones que emprendan los propios ayuntamientos.