Todas las viviendas con fines turísticos (VFT) que se dieron de alta durante el año 2023 en el casco histórico de Cádiz incumplen la normativa en vigor en la ciudad; y por eso, el Ayuntamiento ha notificado a la Junta de Andalucía, que es la administración que autoriza estos alojamientos, la incidencia para que proceda a darlas de baja.

En concreto, son 200 viviendas las que han variado su uso en el casco histórico gaditano para buscar esa vertiente turística que tanto está creciendo en la ciudad, según las cifras que se extraen del registro de VFT que controla la Junta de Andalucía. De todas ellas ha solicitado el Ayuntamiento su anulación, en virtud de lo que establece la normativa municipal que está en vigor desde que la modificación del PGOU se hiciera efectiva a finales de 2022.

Esta nueva norma, conviene recordar, impide la autorización a nuevas VFT en todo el casco histórico de la ciudad, aunque sí permite que sigan funcionando como tales las que ya tenían licencia autonómica antes de la entrada en vigor del cambio del PGOU.

De igual modo, autoriza la conversión en VFT de cualquier vivienda de extramuros, siempre que se trate de una planta baja, primera o segunda. Y estos límites también han sido sobrepasados en este primer año de funcionamiento de la norma, localizando el Ayuntamiento otras 80 VFT que incumplen la norma gaditana, de lo cual también ha dado ya traslado a la Junta de Andalucía para que sean anuladas del registro.

Por tanto, en total son 280 VFT que había ganado Cádiz a lo largo de 2023 las que perderán esta condición en base al seguimiento que el Ayuntamiento está realizando. Una cifra que cobra más importancia si se tiene en cuenta que el total de VFT incorporadas en la ciudad el pasado año fue de 410, lo que significa que el 68% de las viviendas con fines turísticos dadas de alta en 2023 perderán esta condición.

Con estas cifras y esta actuación municipal, el alcalde de la ciudad, Bruno García, ha querido poner el acento en lo “especialmente incisivo” que será su gobierno frente al control de las viviendas turísticas y al cumplimiento de ese cambio del PGOU que limita la proliferación de este tipo de hospedajes que estaría generando problemas en el acceso a la vivienda de los gaditanos.

Esta declaración del alcalde, y la actuación municipal ya realizada con esas notificaciones de irregularidades a la administración autonómica, contrasta con las críticas que viene vertiendo la oposición, especialmente Adelante Izquierda Gaditana, respecto a la falta de control de estas VFT y al rechazo del gobierno del PP respecto a la turistificación y necesidad de control de la actividad turística en la ciudad para hacerla compatible con la vivienda.

De hecho, en el PP municipal se preguntan que “si David de la Cruz dice que Bruno pone alfombra roja a la especulación turística, su compañero Kichi y su partido qué ponía”; asegurando que el nuevo gobierno de García “sí va a actuar contra las viviendas de fines turísticos que no cumplen con la normativa local, que es, por cierto, lo que ni hicieron ni Vila ni Kichi hasta junio de 2023”.

En esta línea, aseguran fuentes municipales que desde la llegada del actual gobierno en junio “el Ayuntamiento está procediendo a comprobar las nuevas viviendas ubicadas en el casco histórico y también en el ensanche moderno por encima de la segunda planta, identificando sus datos y verificando referencias catastrales”, para que una vez cotejados todos los datos informar a la Junta de Andalucía “para que dé de baja a aquellas que no cumplen la normativa local”.

“Desde el equipo de gobierno se va a mantener el criterio de control de la presión turística, manteniendo la limitación de las VFT y apartamentos turísticos en la ciudad e impulsando nuevos proyectos hoteleros que permitan trasladar parte de la oferta actual al mercado de alquiler”, trasladan desde el Ayuntamiento, insistiendo en que la vivienda “es prioritario para Bruno García”.