La Fundación Aramburu Moreno de Mora ha comunicado que desde el año 2000 ha venido solicitando a la Diputación de Cádiz la actualización del convenio de cesión del edificio para el colegio Institución Provincial de Cádiz (IPG) suscrito el 7 de diciembre de 1963, y ha anunciado la inadecuación del convenio al nuevo marco normativo, y su próxima finalización, el 2 de octubre de 2020, como consecuencia de la ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

La Fundación recuerda que además de realizar “una importante función en favor de la infancia” y que es su deseo “continuarla”, durante décadas ha mantenido “una relación de lealtad institucional y cooperación con la Diputación favoreciendo la educación de los niños y jóvenes de la ciudad”. En los últimos años, la Fundación “ha visto con preocupación el incumplimiento de las condiciones convenidas; así como la publicación de noticias en las que se denunciaba la inadecuada conservación del inmueble por parte de la Institución Provincial Gaditana”. De la misma manera, “ante la imposibilidad de negociar una actualización del convenio”, solicitó la devolución del inmueble “para seguir cumpliendo sus fines fundacionales, y con posterioridad, ofreció como alternativa y en última instancia, la firma de un contrato que conforme al marco normativo actual hiciera posible la continuidad del Centro educativo; siendo rechazada esta oferta por falta de competencias mediante decreto notificado el 26 de marzo”.

En la jornada del miércoles fue la Diputación quien informó que en marzo de 2019 la presidenta de esta institución, Irene García, recibió una carta del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, -la Fundación Aramburu pertenece al Obispado y el obispo es su presidente- en la que le pedía “recuperar a la brevedad posible el uso del edificio que, en circunstancias muy diferentes a las actuales, cedió a la Diputación Provincial”. Zornoza sostenía que “el mantenimiento de un centro público de educación en la finca propiedad de nuestra Fundación no es ya compatible con el marco jurídico”.

Según la Diputación, el obispo indicaba en la citada carta la intención de emprender un proyecto renovado al servicio de la infancia y la juventud que permita cumplir con los fines de los fundadores.