La situación del colegio público Institución Provincial Gaditana (IPG) va tornándose más complicada conforme pasan los días. El futuro del centro tiene varios frentes abiertos después de que hace unos días la Diputación informase de que el convenio de cesión del edificio firmado el 7 de diciembre de 1963 con la Fundación Aramburu Moreno de Mora, estipula que tiene fijada como “fecha irremediable de extinción” el próximo 20 de octubre de 2020. Diputación informaba entonces que había recibido solicitud por escrito, suscrita por el letrado de la Fundación, en la que se expresa la voluntad de la referida entidad de reclamar la recuperación en esa fecha del inmueble de su propiedad. Esta versión dista mucho de la ofrecida este miércoles desde la propia Fundación, que aclara que hace un año avisó a la Diputación del fin del convenio en octubre. “Hace unos meses se le ofreció redactar un nuevo acuerdo, actualizado, que garantizase la continuidad de la actividad educativa en el edificio. Ante nuestra estupefacción, Diputación rechazó la oferta”, destacan.

Una vez conocida la versión de la Fundación, la Diputación ha emitido una nota de prensa en la que afirma que en marzo de 2019 la presidenta de esta institución, Irene García, recibió una carta del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, -la Fundación Aramburu pertenece al Obispado y el obispo es su presidente- en la que le pedía “recuperar a la brevedad posible el uso del edificio que, en circunstancias muy diferentes a las actuales, cedió a la Diputación Provincial”. Zornoza sostenía que “el mantenimiento de un centro público de educación en la finca propiedad de nuestra Fundación no es ya compatible con el marco jurídico”.

Según la Diputación, en esta comunicación el obispo le informa en su calidad de presidente de la Fundación, conforme a la ley vigente de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre la transformación institucional y social de España desde la fecha en que se firmó el convenio entre la Corporación Provincial y la Fundación, que data de 1963; un cambio de “tal magnitud que los fundamentos de nuestra colaboración han quedado desvirtuados, acaso para ambas partes”, se argumenta en la carta. El obispo indica que el mantenimiento de un centro público en la finca propiedad de la Fundación “no es compatible con el marco jurídico, que todos debemos salvaguardar y respetar, en el que se desenvuelven las libertades de educación y religiosa”.

Rafael Zornoza también informa de que en el año 2000 el Patronato de la Fundación propuso a la Diputación la actualización del convenio firmado, al ser “evidente que no se estaban cumpliendo las estipulaciones pactadas”. Entonces se solicitó una compensación económica que, aunque pactada, “no se venía percibiendo”. El obispo también expresa en el escrito que los contactos se interrumpieron en 2005 “por causas desconocidas”. La carta solicita finalmente que: “Concurriendo las causas de resolución previstas en el propio texto del convenio, debo decirle que el Patronato, ya en el momento presente, ha considerado la necesidad de emprender un proyecto renovado al servicio de la infancia y la juventud que permita cumplir con los fines de los fundadores. Este proyecto requiere recuperar a la brevedad posible el uso del edificio que, en circunstancias muy diferentes a las actuales, cedió a la Diputación Provincial”.