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Educación

Diputación obligada a renunciar a la gestión de la Institución Provincial al expirar el convenio de cesión del inmueble

  • El diputado Daniel Moreno se ha reunido con los padres de los alumnos de este centro para informales de esta nueva situación

  • La fundación Aramburu Moreno de Mora reclama la recuperación del edificio

Interior del colegio, en una foto de archivo. Interior del colegio, en una foto de archivo.

Interior del colegio, en una foto de archivo. / Jesús Marín

El diputado provincial Daniel Moreno se ha reunido este viernes con una representación del colectivo de padres y madres del colegio Institución Provincial Gaditana para informarles de la situación a la que se enfrenta el centro de cara al próximo curso y de los trámites que se están llevando a cabo al respecto.

En primer lugar, Moreno les ha trasladado que la Diputación de Cádiz viene realizando en los últimos años un importante esfuerzo para dar respuesta a las reiteradas quejas de la comunidad educativa acerca de la necesaria inversión para la mejora de las instalaciones del centro. Las circunstancias del mismo se han visto agravadas por la situación de abandono en que se encuentran los terrenos colindantes, en los que se preveía la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de Cádiz por parte de la Junta de Andalucía y de un nuevo equipamiento deportivo y comercial por parte del Ayuntamiento tras el derribo del Pabellón Fernando Portillo. Estos solares acumulan años de dejadez sin apenas mantenimiento.

En cualquier caso, la principal novedad que Daniel Moreno ha explicado a los padres y madres es que el uso del inmueble por parte de la Diputación viene recogido a través de un convenio con su propietaria, la Fundación Aramburu Moreno de Mora. Este acuerdo, elevado a público mediante escritura otorgada ante notario el 7 de diciembre de 1963, estipula que tiene fijada como “fecha irremediable de extinción” el próximo 20 de octubre de 2020. Nunca hasta el momento se había tenido que afrontar ninguna prórroga o cambio en dicho convenio.

En esa línea, la Diputación ha recibido solicitud por escrito, suscrita por el letrado de la Fundación Aramburu Moreno de Mora, en la que se expresa la voluntad de la referida entidad de reclamar la recuperación en esa fecha del inmueble de su propiedad.

Una vez que en la Diputación de Cádiz se tuvo conocimiento de las pretensiones de la Fundación, se iniciaron una serie de contactos al más alto nivel entre responsables políticos de la Diputación y la Consejería de Educación de la Junta.

La propia presidenta, Irene García, remitió una carta al consejero Javier Imbroda para informarle de manera directa de estas complicadas circunstancias y de la necesidad de buscar la mejor solución para el alumnado de la Institución. En dicha misiva no sólo se planteaba la información relativa a la reclamación de los propietarios del edificio, sino también las conclusiones que se extraen del informe realizado por la Secretaría General de la Diputación sobre las competencias de la Administración provincial en materia de educación. Este concluye que “las enseñanzas de educación son competencia exclusiva de la Junta de Andalucía (artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía)”.

La presidenta ha solicitado formalmente una reunión personal con Javier Imbroda en el momento en que la agenda del consejero lo permita para tratar en profundidad el asunto de la Institución Provincial Gaditana. Más allá de eso, el propio diputado delegado de Desarrollo Social, Daniel Moreno, ha mantenido contactos con el director general de Planificación de la Consejería de Educación en los que le ha planteada la complicada situación a la que se enfrenta el centro.

Una vez que ha trasladado la información pertinente, el diputado ha atendido las lógicas inquietudes de los padres y madres del centro, asegurándoles que les mantendrá debidamente informados de todos los pasos que se vayan dando y las decisiones que la Junta de Andalucía pueda trasladarle en los próximos días, siendo esta la Administración competente para dar una solución al alumnado del centro, bien llegando a un nuevo acuerdo con la Fundación propietaria del edificio o reubicando a los niños y niñas en otros centros de la ciudad.

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