En el número 8 de la calle Teniente Andújar, la cada donde falleció el cantaor Enrique el Mellizo, se ha producido un desahucio en esta mañana de miércoles en el que tanto la inquilina como la propiedad han culpado al Ayuntamiento de Cádiz, al que achacan la retirada de la ayuda social por el alquiler de la vivienda.

La inquilina es una mujer sin ingresos con dos hijos, uno de ellos estudiando en la Universidad y el otro un grado superior de Informática. “El Ayuntamiento dejó de pagar su parte, al principio era un 90 por ciento y luego fueron bajando hasta no pagar nada, y sin esa bonificación yo no puedo hacer frente a un alquiler de 500 euros. Sin esa ayuda y sin ingresos, es imposible que pueda pagar este alquiler. He pagado cuando he podido, pero ahora es imposible”, señalaba esta mañana.

Ya se quedó sin vivienda “cuando mis hijos eran menores, nos alojaron un tiempo en el hospital de San Rafael”. Ahora se vuelve a repetir esta penosa situación. “Esto es inhumano, no se puede explicar el sufrimiento. Y el Ayuntamiento no me ha dado una solución ni para guardar mientras mis enseres y muebles", apuntaba.

“El Ayuntamiento me ofrece como opción buscar un alquiler, pero sin nómina y sin aval, ¿quién me va a alquilar nada?”, se preguntaba. En la puerta del inmueble, barrio de Santa María, la inquilina desahuciada y personas de su entorno mostraban un mensaje escrito en una sábana: “El Ayuntamiento nos deja en la calle”.

El procedimiento de desahucio lleva tiempo en los juzgados y se alargó por la pandemia. Consuelo Pérez, que es presidenta de la asociación de mujeres Mariana Pineda, en representación de su hijo, que es el propietario, se encontraba en el lugar y contaba que “decidimos alquilar el piso a esta mujer al conocer su situación y Asuntos Sociales del Ayuntamiento se comprometió a bonificar el pago, pero dejó de pagar en 2020. Mi hijo, el propietario, está en el paro. Hay que entenderlo. La deuda llegaba ya a casi 12.000 euros. Son tres años de impago”. Según Consuelo “el Ayuntamiento dice que es un contrato privado entre ella y nosotros, y no es verdad. Porque el Ayuntamiento estuvo pagando y ahora se lava las manos. A esta mujer no la echa el propietario, la echa el Ayuntamiento de Cádiz”. Y recordó que “la historia viene de lejos y mi hijo ha ido a los plenos municipales a exponer el problema. Estaba dispuesto a un nuevo contrato de alquiler con la garantía municipal y que el Ayuntamiento pagara poco a poco la deuda anterior, pero ni eso”.

En la calle, la inquilina desalojada y la madre del propietario hablaban sobre la situación, insistiendo la primera en calificar de “infravivienda” el piso donde ha vivido estos años y que se ha visto obligada a abandonar. El desahucio se ejecutó sin contratiempos, presente la comisión judicial del Juzgado número 4 de Cádiz. La inquilina tenía sus pertenencias preparadas en la casapuerta desde muy temprano.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Cádiz señalaron sobre este caso que "esta persona ha contado con el asesoramiento y la ayuda de los trabajadores tanto de Asuntos Sociales como de Procasa y se les ha puesto a su disposición los recursos municipales, dentro de la legalidad y según la normativa vigente. En estos años, desde el Ayuntamiento se viene trabajando para evitar en la medida de lo posible los desahucios y en ofrecer alternativas habitacionales a pesar de que se trata de una competencia de la Junta de Andalucía, que es quien debe procurarlas en primera instancia. Aún así, como institución más cercana a la ciudadanía hemos habilitado todas las herramientas posibles para evitar que se sigan produciendo desahucios como el protocolo antidesahucio, la creación de la Omdevi, el programa de alquiler justo o la creación de alojamientos transitorios que hasta ahora no existían en la ciudad; medidas todas ellas con las que se han dado respuesta a más de 500 familias".