La teniente de alcaldesa del Área de Familia, Mercedes Colombo, volvió ayer a contactar con la mujer que hace unos días ocupó de manera ilegal una vivienda municipal de la calle Grazalema. El objetivo es ofrecerle la ayuda y el apoyo necesario para que esta persona desaloje voluntariamente la casa que ya espera una familia del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida Esta familia ocupó una vivienda de la citada calle días después de que falleciera el inquilino habitual de la misma, sin que Procasa, titular del inmueble hubiera podido acceder siquiera a las llaves. Empleados de Procasa y trabajadores sociales del Área de Familia del Ayuntamiento de Cádiz ya visitaron el pasado 21 de agosto a esta familia que se había instalado de manera ilegal para ofrecer asesoramiento sobre las ayudas que "venía y viene recibiendo de manera regular" de los servicios sociales municipales. El objetivo era que esta persona desalojara de manera voluntaria la vivienda que ya está asignada a una familia, primera en la lista del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida que se confeccionó en base a la norma autonómica que unificaba este tipo de listados.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento y Procasa han informado que ya se han concedido ayudas económicas para el pago del alquiler a esta usuaria durante este año, y también le informaron a la propia interesada que estaba aprobada la concesión de otra ayuda para próximas fechas. También le comunicaron que la vivienda en cuestión es de protección oficial y administrada por Procasa. Al morir su inquilino, los familiares de ese inquilino no podían optar a la surrogación ya que no eran de primer grado como marca la legislación, por lo que la adjudicación se efectuará a un demandante de vivienda del registro oficial de viviendas de la Junta de Andalucía. Por su parte, la familia del fallecido ya dijo la pasada semana que ellos no tenían derecho a ello ya que no tenía hijos. 

La ciudadana que ha ocupado la vivienda de la calle Grazalema forma parte de dicho registro de demandantes, aprobado en última convocatoria el 6 de mayo de este año. No obstante, sólo el baremo que contempla la coyuntura social y económica y los niveles de diferentes necesidades asistenciales es el que dictamina cuál es la unidad familiar con mayor necesidad para dicha vivienda.