La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Flampa Gades) ha comenzado a distribuir entre las AMPAs de los centros educativos públicos de la capital gaditana un documento para que los progenitores puedan justificar el hecho de no enviar a sus hijos a los colegios si estiman que no se dan las garantías sanitarias suficientes ante la epidemia de Covid-19. Se trata de un documento elaborado originariamente por los colectivos Escuela de Calor y Ampas en Pie, además de madres y padres de alumnos de Córdoba, Sevilla y Cádiz. Ha sido readaptado por la Flampa tras consultas a abogados para que la negativa tenga fundamento jurídico ante posibles denuncias a los padres por absentismo escolar, como anunciara este verano el consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, recordando que Primaria y ESO son de escolarización obligatoria “que se materializa en la actividad lectiva presencial”. Por ello, excepto en situaciones “debidamente justificadas que ya están contempladas en cursos anteriores”, se activaría el protocolo de absentismo.

Ayer mismo el consejero destacó que "no hay debate" sobre que los padres que, como consecuencia de la situación del coronavirus, decidan no llevar a sus hijos al colegio cuando estos ya se encuentran en la etapa obligatoria porque "es según ley". En un vídeo difundido a los medios tras la celebración de la Mesa Sectorial de Educación, el consejero señaló que "cada uno es muy libre de hacer lo que quiera hacer", al tiempo que apuntó que "decimos que de cero a seis años la educación no es obligatoria pero fomentamos el acceso a esa educación", porque "estamos convencidos de que es fundamental esa formación, no solo desde el punto de vista asistencial y de conciliación, sino también educativo". Y, por supuesto, en la educación obligatoria de seis a 16 años "no hay discusión ni debate" porque "es según ley", indicó Imbroda, quien añadió que "si hay algún padre que no quiere, se tramitarán todos los protocolos de absentismo que están establecido no ahora, sino desde siempre".

Los firmantes criticarían “la falta de concreción de medidas” de la Junta de Andalucía

En el documento de la Flampa, que tira de artículos de la Constitución Española y de leyes en su exposición, el progenitor firmante aseguraría que ha tenido “acceso a las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación de 6 de julio, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020-21 motivada por la crisis sanitaria del SARS-CoV-2, en las que la falta de concreción de las medidas necesarias impide constatar que se van a reanudar las clases con las garantías necesarias, de hecho, así lo han manifestado las direcciones de los centros, que han declarado que no estaría garantizado un entorno escolar seguro”. De la misma manera se recoge que “todas las medidas tomadas por los gobiernos central y autonómico para prevenir los contagios van encaminadas a la reducción de grupos y reuniones sociales, así como a un distanciamiento social que, entiendo, no están reflejadas en dichas instrucciones y/o no pueden ser llevadas a la práctica en el centro escolar asignado a mi hijo/a, lo cual me sitúa en la tesitura de elegir entre el derecho y la obligatoriedad de la educación y el derecho a la salud de mi hijo/a y mi familia”.

Se recuerda que la Constitución establece que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”. Por tanto, y refiriéndose a la Consejería de Educación, “es su responsabilidad articular los recursos y las medidas necesarias para que se pueda impartir la Educación presencial garantizando las medidas de prevención necesarias para evitar contagios”.

Los progenitores pedirían la bajada de ratio, la consecuente contratación de docentes, medidas de limpieza y desinfección de espacios educativos y personal sanitario a disposición de los colegios

Madres y padres firmantes emplazan a la Junta a que asuma “las responsabilidades inherentes a las funciones que le son encomendadas por la Ley antes del inicio del curso 2020/21 y durante su transcurso ya que, de no ser así, me obligará a entender que enviar a mi hijo/a al colegio/instituto conlleva un riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 y que estaría poniendo en peligro su salud y la de los demás miembros de mi familia”. Finaliza el texto de esta manera: “En el uso de mi responsabilidad como madre/padre, ejerciendo mi derecho a la protección de la salud que la Constitución me reconoce, hasta que se tomen las medidas adecuadas que hagan posible la Educación presencial con la protección necesaria -a saber y, entre otras: bajada de ratio, la consecuente contratación de docentes, medidas de limpieza y desinfección de espacios educativos y personal sanitario a disposición de los centros educativos-, pongo en su conocimiento que no voy a llevar a mi hijo/a a su centro educativo y adoptaré las medidas legales oportunas tendentes a exigir las responsabilidades que procedan”.

El documento está ahí a la espera de futuros acontecimientos, aunque desde la Flampa se indica que están a la espera del resultado de la Conferencia Sectorial convocada hoy por los ministerios de Sanidad y Educación para tratar con las comunidades autónomas la vuelta al cole. A respecto, Imbroda ha manifestado que confía “en que todos digamos que hay presencialidad, que es segura esa presencialidad sin que exista el riesgo cero y que será una responsabilidad compartida" y que, además, "todos digamos que abrir los colegios no va de una confrontación ideológica, que esto supera todas estas cuestiones políticas", que "esto va de nuestros niños y jóvenes y de su seguridad, de la seguridad del profesorado y de la tranquilidad de nuestras familias y de la sociedad, eso es lo que espero de este encuentro".