La Fiscalía eleva la petición de pena para Miguel Osuna hasta los 13 años

La Fiscalía decidió ayer presentar en el Juzgado su escrito de calificación provisional del caso Rilco con una petición para Miguel Osuna de seis años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos, pero lo acusa también de otros tres delitos que elevan la solicitud total de pena a 13 años de cárcel.

El exdelegado de la Zona Franca que sucedió en el cargo a Manuel Rodríguez de Castro, para quien el fiscal solicita 10 años de prisión, se verá así ante un tribunal con una acusación fiscal que supera en tres años la que sentará en el banquillo al considerado como urdidor de la trama que logró desviar a su bolsillo y al de unos socios suyos 4,2 millones de euros pagados a MFZ Services.

MFZ puso en marcha, para la Zona Franca de Cádiz, un portal informático denominado Rilco destinado a servir de puente comercial entre países de ambos lados del Atlántico. Según el fiscal, crear y desarrollar ese portal no costaba esa cantidad de dinero.

Las penas solicitadas por el fiscal fueron difundidas ayer en una nota de prensa por la propia Fiscalía, que se reservó facilitar el relato de hechos que figura en el escrito de calificación.

Según explica esa nota, el fiscal solicita para Rodríguez de Castro dos años de prisión y una multa de ocho millones de euros por un delito continuado de fraude; también ocho años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos en concurso con otros tres: prevaricación, fraude y falsedad en documento mercantil.

Para Miguel Osuna, el fiscal pide dos años de prisión y multa de ocho millones de euros por un delito de fraude por incumplimiento de condiciones para las que fue concedida una ayuda; seis años de cárcel e inhabilitación por 15 años por malversación; un año de prisión por encubrimiento; y cuatro años de cárcel por falsedad en documento oficial. En total, 13 años de prisión.

Para otros dos acusados G. y C. Leyva, el fiscal solicita ocho años de prisión por malversación y otrros delitos. Hay indicios de que los Leyva, según el auto judicial que finalizó la instrucción del caso, se concertaron con Rodríguez de Castro para crear una empresa, MFZ, a la que adjudicar la creación y desarrollo del portal informático Rilco y hacerse así con unos millones de euros de la Zona Franca de Cádiz.

Hay otro dos procesados, O.R. y S.M., para los que el fiscal solicita un año de prisión por un delito de fraude y cuatro años de cárcel por un delito de malversación.

REACCIONES POLÍTICAS

La decisión de la Fiscalía de pedir 10 años de cárcel para Manuel Rodríguez de Castro, y 13 para Miguel Osuna, ambos exdelegados de la Zona Franca durante la etapa del Partido Popular, por el caso Rilco, cayó ayer como una bomba sobre el PP.

El secretario general de esta formación en Andalucía, Antonio Sanz, optó por no entrar en la cuestión aduciendo que el procedimiento judicial está "abierto" y que parte de las personas implicadas en esta causa están en un procedimiento de presentación de recurso. "No hay sentencia y, por lo tanto, no conocemos la implicación real en este caso de las personas a las que se implica", según el dirigente popular.

Por contra, el teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz, vicepresidente de la Diputación y consejero por el PP del comité ejecutivo de la Zona Franca, calificó como "inconcebible" que "la Fiscalía intente forzar la inclusión de Miguel Osuna como acusado por un delito de malversación", destacando que "el juez instructor señala que fue el propio Osuna el que abrió una investigación interna sobre el caso Rilco".

"Llama la atención la acusación realizada por el Ministerio Público hacia Miguel Osuna, ya que el juez instructor del caso descartaba que hubiese cooperado con la supuesta malversación de caudales públicos y la inexistencia de fórmulas de ejecución del tipo penal en la modalidad de comisión por omisión", afirma en un comunicado el consejero del PP.

Concluye Ignacio Romaní insistiendo en que "el PP es el primer interesado en que se esclarezca de una vez por todas todo lo acontecido en la Zona Franca de Cádiz con este caso y en que se cumpla con sus responsabilidades penales, si las hubiere, quien tenga que cumplirlas".

Por su parte, desde el PSOE las críticas a la gestión del Partido Popular son evidentes y así las traslada, en conversación con este diario, el secretario local de esta formación, Federico Pérez Peralta.

Pérez Peralta destaca que "tras un largo proceso judicial de diez años parece que la Justicia se abre paso poco a poco, tumbando con razonamientos todo lo realizado por los exdelegados procesados. En este sentido, bienvenida sea la postura de la Fiscalía. Me alegra que se dé un paso más y que todo se termine de una vez por todas, devolviéndose lo que se han llevado, o con penas de prisión si allí lo indican los tribunales".

La decisión de la Fiscalía respecto a Rodríguez de Castro y Osuna supone para Pérez Peralta que "el modelo de gestión para la Zona Franca elegido por Teófila Martínez, como alcaldesa y presidenta del Consorcio, resultó claramente fallido. A uno lo puso y le salió rana, y al otro lo puso para tapar lo realizado por el primero y al final también le salió mal".

En cuanto al retorno del PP al frente de la Zona Franca, tras el reciente nombramiento de Jorge Ramos, confía el dirigente socialista que no se produzca un cambio en la estrategia judicial mantenida por el Consorcio en los últimos ocho años, como acusación particular que es. "Espero que no, pero no me extrañaría que el PP pudiera tener la tentación de paralizar estos procesos judiciales. En todo caso sería una acción bochornosa y que difícilmente podrían explicar a la opinión pública, por lo que confío en que el proceso siga adelante, sobre todo en un caso que está tan claro".

Ninguno de los dos exdirigentes de la Zona Franca implicados en la decisión de la Fiscalía, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, respondieron a las llamadas de este diario.