La Fiscalía del Tribunal Supremo ha desistido de presentar el recurso que anunció la Fiscalía de Cádiz contra la sentencia del caso Udyco, que condenó a un ex jefe antidroga del Cuerpo Nacional de Policía por amañar detenciones y absolvió a un inspector que trabajaba a sus órdenes. No es habitual que Madrid rechace tramitar un recurso propuesto desde Cádiz pero no es la primera vez que ocurre. En este asunto, la decisión de la Fiscalía de Cádiz había causado sorpresa a las acusaciones personadas en el procedimiento. No entendían esa actitud tras la sentencia y ahora acogen la de la Fiscalía del Supremo como un golpe de timón que recupera el rumbo.

El ex jefe del Grupo II de la Udyco de Cádiz, V., y el inspector A. fueron juzgados este año en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz. El tribunal condenó a V. a 12 años de prisión porque consideró probado que provocaba delitos y detenciones por tráfico de drogas para conseguir así anotarse éxitos profesionales.

La sentencia condenó a V. por dos delitos: por uno continuado contra la salud pública (tráfico de drogas), por el que le impuso siete años y medio de prisión, y por otro de falsedad en documento oficial (cuatro años y medio).

La condena por la que optó el tribunal fue muy superior a la que solicitó en el juicio el fiscal, que pidió cuatro años y medio de prisión por falsedad en documento público para cada uno de los dos procesados y quince meses de inhabilitación para V. por un delito de omisión del deber de perseguir delitos.

Las acusaciones particular y popular vieron cómo la sentencia se inclinaba por lo planteado por ellas: el tribunal estimaba probado un delito de tráfico de drogas que el fiscal no veía.

Tras la sentencia llegó la hora de los recursos ente el Tribunal Supremo. Como era previsible, la defensa de V. anunció el suyo. Y las acusaciones particular y popular se encontraron con la sorpresa de que el fiscal optaba por recurrir la resolución.

La acusación particular, representada por la abogada Esther Coto, la ejerce en este asunto TP1, un ex confidente de V. que denunció que el ex jefe de la Udyco usaba métodos ilegales en la lucha contra el tráfico de drogas y que lo amenazaba para que colaborase con él en esas operaciones. En montajes que consistían, por ejemplo, en que él, de acuerdo con V., le vendía hachís a un vecino de Cádiz y luego éste era detenido con la droga.

La acusación popular la ejerce en este asunto el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que pidió sin éxito que V. fuese apartado de sus funciones como policía desde el momento en que fue imputado.

Lejos de ello, V. recibió el apoyo de sus jefes. En el juicio dijeron de él que era un agente "ejemplar y trabajador". La sentencia de la Audiencia, que no es firme y sobre la que se pronunciará el Supremo, fue un varapalo a la dirección de la Comisaría Provincial de Cádiz en 2005 y 2006, cuando ocurrieron los hechos. V. negó haber amañado detenciones y achacó su presencia en el banquillo a la envidia por su éxito profesional de algunos compañeros.