La Diputación Provincial de Cádiz ha informado de la no continuidad de la cesión del edificio que alberga la Institución Provincial Gaditana (IPG), como sede para centro educativo a partir del próximo curso, por lo que desde la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz se quieren realizar las siguientes apreciaciones: la Consejería de Educación y Deporte ha apoyado el sostenimiento del centro en el marco de un convenio con la Diputación desde los años 60 yseguiría apoyándolo; la Diputación es quien ha dado el paso para el cierre de la IPG, comunicando a la comunidad educativa que no continuará con la actividad.

El delegado territorial, Miguel Andréu, se ha reunido este miércoles con representantes de las familias afectadas por el cierre de la Institución y ha lanzado un mensaje de tranquilidad, puesto que para el próximo curso, “está garantizada la escolarización de sus hijos e hijas en centros sostenidos con fondos públicos del municipio, en los que existen suficientes plazas”. Les ha instado a solicitar plaza en aquellos que sean de su interés, para posteriormente junto con el Servicio de Planificación de la Delegación “realizar un estudio de las demandas y poder así satisfacer las necesidades de la forma más ajustada”.

Además ha trasmitido que el profesorado funcionario que actualmente presta sus servicios en la Institución Provincial Gaditana será recolocado en otros centros escolares pertenecientes a la red de la Junta de Andalucía. Si la Diputación no desea renovar el convenio, "es esta corporación la que debe explicar por qué, ya que la gestión de la IPG le corresponde a la misma. La Administración educativa colaborará sin duda en todo lo necesario para garantizar el derecho a la educación del alumnado de la Institución", señalan desde la delegación.

En relación con la posibilidad de que la Junta de Andalucía asuma la gestión de la Institución, se dan dos factores (según la administración andaluza) que ni lo permiten ni lo aconsejan: "en primer lugar, la IPG se asienta sobre un suelo y un edificio ajeno y de propiedad totalmente privada, que se cedió a la Diputación para que esta ubicase allí un centro educativo. La existencia de un centro educativo en el marco de un convenio de cesión de suelo con una entidad privada, no se corresponde con los convenios que realiza la Junta de Andalucía para el establecimiento de centros educativos, ya que estos se basan fundamentalmente en la cesión de suelo municipal".

En segundo lugar, y desde el punto de vista de la garantía del derecho a la educación de la que es responsable la Junta de Andalucía, la planificación educativa existente en el área de influencia de Cádizcapital garantiza la absorción de este alumnado en otros centros de gestión propia de la Junta.