La Diputación de Cádiz incidió ayer en que la presidenta Irene García informó el pasado mes de febrero al consejero de Educación, Javier Imbroda, mediante un escrito, de la situación en la que se encontraba el colegio Institución Provincial Gaditana, sostenido hasta el momento por la Diputación y cuyo convenio para uso del solar expira en octubre. Además, pidió a la Junta lealtad institucional, toda vez que el obispo Rafael Zornoza, en calidad de presidente de la Fundación Aramburu, reclamó por carta hace 14 meses el edificio a la Diputación porque “el mantenimiento de un centro público de educación en la finca propiedad de nuestra Fundación no es ya compatible con el marco jurídico”.

García, en su escrito de febrero, también señalaba a Imbroda, que “de esta manera te participo que esta Diputación no podrá mantener su relación jurídica con la Fundación Aramburu, lo que se traduce en la imposibilidad de facto de seguir asumiendo la cesión de la Institución Provincial como sede de un centro educativo dependiente de esa Consejería”, señalaba el escrito de García a Imbroda, recodando Diputación que la gestión de la actividad educativa es competencia exclusiva de la Junta.

Además, insistió en que esta comunicación al consejero está fechada el 27 de febrero de 2020, el mismo día en que la Secretaría General de la Diputación trasladó a la Presidencia el informe sobre las competencias de la administración provincial en materia de educación.

El diputado provincial Daniel Moreno recordó que el escrito advierte de la situación que generaba la finalización y la imposibilidad de renovar el acuerdo de cesión del edificio con la Fundación Aramburu y manifestó su “sorpresa y preocupación por las declaraciones del delegado territorial, Miguel Andreu, que afirma que se enteró por la prensa el viernes, y también por el hecho que trasladan algunos padres, de que el delegado les alienta a manifestarse frente a la Diputación”.

Moreno explicó que “tan pronto se conoció el contenido de este documento que manifestaba la incompatibilidad de la actividad educativa con las competencias de la Diputación y se agotó la posibilidad de renovar el convenio con la Fundación Aramburu se trasladó la información al consejero”, por lo que “es preocupante que el delegado desconociera este hecho cuando ya disponían de la información la máxima autoridad de la Consejería y la Dirección General de Planificación”. El diputado pidió a la Junta de Andalucía “lealtad institucional” para buscar una solución para toda la comunidad educativa afectada por esta “delicada situación”, y mostró su predisposición a “mantener un diálogo constante tanto con el AMPA como con la Junta” para buscar soluciones y “no aumentar la lógica preocupación de padres y madres con guerras partidistas”.