Un documento elaborado por la Abogacía del Estado que ha sido entregado al Tribunal de Cuentas atestigua que, al menos, 215.000 euros del portal informático Rilco fueron a parar a cuentas a las que el ex delegado del estado de la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro tenía acceso.

En una información publicada en el diario El País se refleja que la empresa a la que se le adjudicó la puesta en marcha del portal informático, Miami Free Zone, no llegó a ejecutar ningún proyecto pero sin embargo sí subcontrató con una empresa domiciliada en Panamá, llamada Duarte Corporation, para desarrollar este portal de comercio internacional.

En este sentido, la Agencia Tributaria ha sido la que ha descubierto que esta última empresa entregó parte del dinero a una cuenta de la entidad Iberian Reits, cuya única cabeza visible, según la Abogacía del Estado, era Manuel Rodríguez de Castro.

Rilco se perfiló en el año 1999, según la Abogacía del Estado, como "idea y obra personal de Rodríguez de Castro". El objetivo era contar con un sistema de comercio internacional a través de internet que permitiera realizar transacciones comerciales, eliminando papeleo aduanero y garantizando la seguridad económica. Pero todas estas premisas ni siquiera el informe revela si estos objetivos eran posible cumplirlos.

Zona Franca contrató en primer lugar a Sainco y Telvent para saber como ensayo a pequeña escala si el proyecto podría tener viabilidad, pero antes de que ofreciera ningún resultado se convocó un concurso para desarrollar plenamente Rilco.

A pesar de que se presentaron empresas de fama internacional, el concurso se le adjudicó a la desconocida Miami Free Zone, compañía que gestionaba Germán y Carmen Leiva, imputados también en el caso Rilco por apropiación indebida: "Todos los indicios indican que el concurso fue pura simulación", señala el informe de la Abogacía del Estado.

En la actualidad el Juzgado de Instrucción 4 se encarga de la investigación penal de las irregularidades detectadas. El informe dice que el objetivo final de Rilco fue encubrir una malversación y apropiación de 4,2 millones.

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