Cádiz

Denuncian "altas masivas" de profesoras embarazadas en Cádiz

  • La Junta de personal Docente y el sindicato Ustea lamentan que se ponga en riesgo la salud de las docentes y sus hijos 

Una mujer embarazada.

Una mujer embarazada. / D.C

"Sin revisiones médicas, rechazando los informes de los médicos de cabecera" y a través de un SMS muchas profesoras embarazadas de la provincia se están teniendo que incorporar a sus puestos de trabajo. Es la denuncia de la que se han hecho eco la Junta de Personal Docente No Universitaria de Cádiz y el sindicato Ustea, que muestran su "estupor" ante las "altas masivas" de estas docentes este curso.

"Queremos manifestar nuestra absoluta indignación al comprobar que, un año más, al llegar septiembre, la inspección médica obliga con altas masivas a nuestras compañeras embarazadas a incorporarse a sus puestos de trabajo, ignorando las causas que las mantenían de baja por sus médicos de atención primaria o especialistas", han explicado desde la Junta de Personal.

Según añaden, esta práctica "pone en serio riesgo la salud y la vida de estas docentes y sus bebés", ya que muchas de ellas están en las semanas finales de sus embarazos, o con serias patologías, dolencias o dificultades, tanto de las madres como de sus hijos, que se ven obligadas a desplazarse con vehículos a decenas o centenares de kilómetros de su domicilio para desempeñar su labor, "y que destroza la planificación de los centros al cortar las sustituciones de las personas que las reemplazaban". Además, "es  una práctica que, por sí misma, añade un gran estrés a las gestantes, complicando aún más su situación médica y la de sus hijos".

Desde el sindicato Ustea ponen el ejemplo de una maestra de Algeciras. Tiene 40 años, con 35 semanas de embarazo y preeclampsia cuyo parto está previsto para dentro de dos semanas; su bebé viene con anomalías cardíacas y con pérdida de peso. Sin embargo, "ha sido dada de alta por inspección médica sin siquiera hacer una revisión médica de su caso y realizando amenazas de que se atenga a las consecuencias en caso de no incorporarse".

Las afectadas serían al menos 30 en la provincia en una práctica que consideran "generalizada", apunta el sindicato, que lamenta "la poca sensibilidad del INSS ante las mujeres, en una dinámica machista, reaccionaria y retrógrada". "Son varias las docentes que en avanzado estado de gestación están siendo dadas de alta, a pesar de la imposibilidad de trabajar de estas mujeres embarazadas por diferentes molestias (ciática, lumbalgia...)".

Gestantes interinas

La Junta de Personal enviará un escrito a los delegados de Educación, Salud y a la dirección provincial del INSS instando a que se reconsideren estas altas masivas "por ser constitutivas de delito". Y es que "no solo ponen en serio riesgo las vidas de nuestras compañeras y sus bebés, sino que se trata de una clara discriminación laboral al no respetarse sus derechos durante el embarazo, y por estar orientada a las gestantes interinas –que son las atendidas por la seguridad social-, ya que las funcionarias dependen íntegramente en sus incapacidad temporal (IT) de la inspección médica de la propia Delegación".

Así, señalan en un comunicado, exigen "la protección de la salud y la vida en primer término, tanto de nuestras compañeras como de sus bebés, y que quienes están realizando estas altas masivas sean sancionados por ponerlas en riesgo", e iniciarán "gestiones para denunciarles en inspección de trabajo y en la propia Fiscalía por tratarse de una práctica abusiva y discriminatoria por parte de la administración médica".

La Junta de personal docente recuerda que hace un par de años una compañera que se encontraba embarazada de gemelos, en IT y reposo absoluto, y con domicilio en otra provincia, fue obligada por la inspección médica de Cádiz a presentarse personalmente para su valoración. En el camino de regreso sufrió un aborto y perdió a sus hijos. "Por ello no permitiremos que ninguna de nuestras compañeras tengan que pasar por una situación así. Y recordamos a las autoridades médicas que son ellos quienes han de velar por la salud y la vida de la población en general, y a las autoridades educativas, que han de velar por los derechos de sus trabajadoras, igual que hacemos desde esta Junta de Personal", finalizan.

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