El Consistorio inicia la reversión de los terrenos del albergue juvenil

La Junta de Gobierno Local aprobó en la mañana de ayer iniciar la reversión de los terrenos que cedió a la Junta de Andalucía en Puntales para que construyera un albergue juvenil que no se va a hacer por problemas presupuestarios. No obstante, este proceso no quiere decir que vaya a llegar a su final, ya que dependerá de las conversaciones que mantendrán representantes municipales y de la Junta y que ya comenzaron hace algo más de una semana entre la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil. Ahora se está pendiente de otro encuentro técnico donde se entrará en negociación sobre diversos espacios que tiene el organismo autonómico en la capital gaditana. Teófila Martínez aseguró ayer que no se ha estudiado aún el destino que se le podría dar a este solar, pero en cualquier caso descartó que fuera un albergue juvenil financiado con presupuesto municipal.

La Junta de Gobierno Local también dio cuenta de la caducidad de una licencia de la Junta de Andalucía para siete viviendas en el Corralón de los Carros del barrio de La Viña. Esta había sido solicitada por la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico y, tal y como apuntó Teófila Martínez, "es una más de las que han caducado estos años".

Por otro lado, ayer también se estuvo viendo la calificación el mesa de contratación al concurso para la vigilancia nocturna mediante circuito cerrado con cámaras para el parque Celestino Mutis y la piscina municipal de Astilleros. Securitas es la que ha obtenido una mayor puntuación y ahora se abre el plazo para las otras que han participado puedan presentar alguna alegación. Martínez afirmó que el objetivo es evitar que haya actos vandálicos "y así ahorrarnos un buen dinero anual reponiendo desperfectos".

Por otro lado, también se ha abierto otro concurso para realizar el cierre y la seguridad del resto de parques públicos que hasta ahora hacía la propia Policía Local.

Por último, afirmó que no tiene que dar ninguna explicación ni reunir ninguna mesa, tal y como ha reclamado la Asociación Pro-Derechos Humanos por la dimisión de la directora de Servicios Sociales, Pilar Tubío: "Ella escribió una carta y es la que ha querido apartarse de la responsabilidad que tenía pero aquí no se ha vulnerado ningún derecho".