El grupo municipal de Ciudadanos no está dispuesto a tirar la toalla respecto a la causa abierta contra David Navarro por la gestión realizada al frente de la empresa municipal Cádiz 2012. La respuesta emitida por el consejo de administración el pasado martes, a petición del Juzgado de Instrucción que ha abierto diligencias previas tras la denuncia por prevaricación y malversación, no convence a María Fernández–Trujillo y a Juan Manuel Pérez Dorao; y por este motivo, han elevado al juzgado un escrito en el que rechazan algunas de las cuestiones señaladas en el informe de Cádiz 2012.

El primer aspecto que pone de relieve el nuevo escrito, al que ha tenido acceso este periódico, es que ha sido el propio David Navarro (denunciado en la causa) el que ha redactado el escrito, “lo que desprovee a dicho documento de valor jurídico vinculante alguno, toda vez que el denunciado es persona interesada y además, por razones de garantía legal, no viene obligado a declarar contra sí mismo”. Además, señalan que el documento “ha sido elaborado con finalidad claramente exculpatoria” y que “no responde a la realidad, con manifestaciones cuya falsedad es fácilmente verificable”.

En segundo lugar, Ciudadanos rechaza que la junta general de Cádiz 2012 tenga capacidad de decisión respecto a la gestión –como traslada el consejo de administración en su informe–. “Esa aseveración es total y absolutamente falsa”, dice Ciudadanos en su escrito, aclarando que la junta general “no tiene ninguna función en orden a la gestión y administración de la sociedad”.

Respecto a la decisión de no cobrar el alquiler a determinadas entidades –o viceversa–, Ciudadanos rechaza que en algunos casos se haya hecho por decisión de la Junta de Gobierno Local. “Se trata de actos realizados en su mayor parte por entidades ajenas al Ayuntamiento y a los que se ha eximido de la obligación de pago por decisión directa y unilateral del denunciado”, insiste el escrito remitido al Juzgado, que asegura no haber ni un solo acuerdo de la Junta de Gobierno Local o del consejo de administración “en los que se haya resuelto eximir del pago de las tarifas a ninguna entidad”.

Ciudadanos denuncia la “falsedad fácilmente verificable” de varios extremos del informe de Cádiz 2012

Otro extremo que rechaza Ciudadanos es que previamente (en concreto, en un consejo de administración celebrado en febrero de 2016) el consejo de administración hubiera establecido una prerrogativa respecto a la exención del pago de tarifas. Sí hubo “un debate sobre el hecho de que no se esté cobrando la tarifa a determinados usuarios, manifestándose unos consejeros a favor y otros en contra”. “En particular, Navarro parece posicionarse en contra”, llega a indicar Ciudadanos, que insiste en que ese consejo de administración “no acordó establecer bonificaciones o exenciones de las tarifas”.

De igual modo, se rechaza que existiera una “normalidad establecida” para decidir sobre el cobro de las tarifas; en su lugar, afirma Ciudadanos que ha habido “decisiones del presidente conforme a lo que considera una normalidad establecida, sin que exista un criterio general ni particular acordado por el consejo de administración”.

Un acta de marzo de 2017 (trece meses después de la reunión alegada por el consejo de administración) “da cuenta de la inexistencia de un criterio acordado por el consejo de administración para que pueda bonificarse o eximirse del pago de la tarifa a los usuarios”. De hecho, Ciudadanos critica que el consejo de administración haya concluido en base a esos documentos que la decisión sobre el alquiler no era unilateral de Navarro, algo que considera “total y absolutamente disparatado que responde solo a la finalidad exculpatoria con la que el denunciado ha redactado el texto del informe que se presentó al consejo”.

Por último, Ciudadanos pone de manifiesto lo que considera otra contradicción, al incluir en el consejo de administración del pasado martes un punto para decidir sobre la exención o bonificación de la tarifa a una entidad que ha solicitado el alquiler de la Casa de Iberoamérica. “Si el presidente estuviera facultado por el consejo para decidir las bonificaciones que aplicó, no tendría ningún sentido que trajera al consejo de administración la petición de un usuario que solicita una bonificación”, refleja el escrito de Ciudadanos.

Por todo ello, el grupo municipal de Fernández–Trujillo y Pérez Dorao entiende que el informe remitido por el consejo de administración queda invalidado, solicitando al Juzgado de Instrucción que siga con la causa iniciada contra David Navarro.