Ayuntamiento de Cádiz

La doble lectura sobre Cádiz 2012

  • Actas del consejo de administración e informes del gerente de la sociedad municipal no aclaran si se establecieron o no criterios para el alquiler de la Casa de Iberoamérica

Interior de la Casa de Iberoamérica. Interior de la Casa de Iberoamérica.

Interior de la Casa de Iberoamérica. / julio gonzález

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La polémica en torno a la sociedad municipal Cádiz 2012 ha dejado un escenario prácticamente inédito a nivel político local; dos partidos con posiciones opuestas a los otros tres, siendo en esta ocasión la pinza Podemos, Ganar Cádiz y Partido Popular. El respaldo de Juancho Ortiz a la propuesta de informe para remitir al Juzgado tras la denuncia de Ciudadanos contra David Navarro por malversación y prevaricación al frente de esta sociedad, en contra de la opinión del PSOE más en la línea de lo que Ciudadanos denuncia, refleja una situación bastante extraña que los propios partidos políticos no llegan a asimilar. ¿Por qué el PP da la razón a Navarro en su defensa contra la denuncia de Ciudadanos? ¿Por qué el PSOE rechaza los argumentos de esa defensa?

La clave de esta polémica generada a raíz del consejo de administración de Cádiz 2012 celebrado el pasado martes parece estar en una cuestión de lecturas e interpretaciones. Las de unos, que entienden que el consejo de administración efectivamente estableció el proceder en relación al alquiler de espacios de la Casa de Iberoamérica; y las de otros, que defienden que lo que refleja el informe remitido al juzgado no se corresponde con la documentación derivada en estos últimos años.

Varios son, en cualquier caso, los documentos susceptibles de esa doble lectura que se da en torno a la Casa de Iberoamérica y la gestión de sus espacios por parte de Cádiz 2012. El punto de partida, conviene recordar, es si el presidente de la sociedad, David Navarro, ha venido decidiendo por su cuenta qué entidad paga y cuál no por el alquiler de algunas de las salas –cuestión que él rechaza, adhiriéndose el PP; y que defiende Ciudadanos, que ha presentado la denuncia, y el PSOE–.

En la respuesta que se va a remitir al Juzgado, el consejo de administración indica que en la sesión celebrada el 24 de febrero de 2016 se recoge “la decisión de no cobrar algunos actos o usos de los espacios”. Realmente, ese día se originó un amplio debate a raíz de la pregunta del consejero Demetrio Quirós sobre la cesión gratuita. “Son actos institucionales, o de escritores u otros colectivos que nos solicitan el espacio y normalmente se les cede y no se les cobra nada”, respondía el gerente. Navarro explicó ese día la existencia de una tabla de precios para el uso de la instalación “sin perjuicio de que se pueda decidir qué actos no paguen nada y que en caso de que sean editoriales de libros, presentaciones... se pueda plantear cobrarles algo”. Ese cruce de planteamientos y opciones por parte de los consejeros finaliza con el acuerdo de que “se plantee una revisión de los precios y tarifas que existen a día de hoy, posibles bonificaciones a ciertos casos y que se traiga a un próximo consejo para su análisis”. ¿Debe entenderse, a tenor de este acuerdo final, que el consejo no adoptó ninguna decisión al respecto?

El contenido de algunos documentos entra en contradicción con la respuesta que se acordó remitir al Juzgado

Otro documento que da lugar a esta diferencia de criterios entre los grupos municipales es otro acta del consejo de administración, casi un año después de esa reunión referida en el informe del Juzgado. En esa ocasión, el entonces consejero socialista José Pacheco pide que para la próxima reunión se elabore una “propuesta cerrada” que establezca “diferentes tipos de tarifas: ordinaria, reducida y una tarifa institucional por si algún organismo quiera o pueda usar estas instalaciones”, además de solicitar “que se regule las condiciones para autorizar la exención de la tarifa total o hasta qué máximo”. Curiosamente, el Partido Popular se adhirió a esta propuesta. Y David Navarro afirmó entonces que hasta el momento “se actúa con sentido común”.

Dos informes del gerente de Cádiz 2012 relativos a las actividades desarrolladas en 2016 y 2017 (firmados en septiembre de 2018) vuelven a poner de manifiesto que en febrero de 2016 se planteó una revisión de las tarifas y un establecimiento de bonificaciones y ajustes “sin que hasta la fecha se haya llevado a efecto”. Cuestión que volvería a poner de manifiesto que el consejo de administración nunca llegó a establecer criterios sobre cuándo se cobra y cuándo no alquiler por el uso de la Cárcel Real.

La reunión del pasado martes vuelve a plantear una doble lectura, al someter al debate del consejo de administración la solicitud de espacios por parte de una academia de idiomas. ¿Si ya existe desde 2016 un criterio establecido, para qué plantear esta cuestión tres años después?

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