El área de Contratación del Ayuntamiento atraviesa una crisis que se alarga ya varios años y que ha vuelto a poner ahora de manifiesto la Cámara de Cuentas de Andalucía, que acaba de concluir un informe sobre la actividad contractual y de convenios que realizó el Ayuntamiento durante el año 2017. El informe que se ha hecho público este lunes contiene una larga lista de deficiencias e irregularidades en la forma de proceder del Ayuntamiento, poniendo en evidencia el funcionamiento de este área de Contratación.

Esa larga lista de ‘reparos’ de la Cámara empieza por los contratos denominados “no menores” suscritos durante 2017 (en aquel año, los que superaban los 50.000 euros en el caso de las obras y los 18.000 euros para el resto). Refleja el informe que en la mayoría de los casos (el 56,12% del total de 2017, en concreto) se están adjudicando los contratos mediante el procedimiento negociado, que según la legislación “debe considerarse siempre como un procedimiento extraordinario de carácter excepcional”. Además, se refleja que el Ayuntamiento no justifica el por qué la elección de ese procedimiento y no del ordinario “ni se determina los aspectos del contrato que pueden ser objeto de negociación”.

Además del procedimiento, señala la Cámara el recurrente uso del procedimiento de urgencia, que debe estar motivado por “una situación urgente objetivamente evaluable y no apreciada de modo subjetivo”; algo que “en ningún caso existe” en los expedientes analizados, según la cámara, que concluye que la urgencia “surge como consecuencia de una falta de previsión en los plazos”.

Otro problema en la contratación que ha detectado la Cámara de Cuentas está en los servicios que se prestan al Ayuntamiento sin apoyo contractual alguno. Y el ejemplo concreto lo pone con el servicio de conservación, mantenimiento y modificación de las instalaciones de alumbrado público y ornamental, que desde enero de 2016 al 15 de junio de 2018 se realizó “sin un soporte contractual”. En esos dos años y siete meses abonó el Ayuntamiento 926.064,04 euros a la adjudicataria del contrato anterior “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente previsto”.

Mención aparte merecen los denominados contratos menores, que alcanzan el 81% del total de la contratación municipal del año 2017. Dibuja la Cámara de Cuentas una suerte de búsqueda de atajos en la Contratación para evitar el procedimiento y las garantías de los procedimientos ordinarios. En este sentido, señala en primer lugar el informe que el contrato menor “debe ser de carácter excepcional”, lo cual evidentemente no ocurre cuando el 81% de contratos son menores. Por ello, advierte la Cámara de algunas irregularidades como la del fraccionamiento de contratos, que ejemplifica en tres contratos menores de la sección de Teatros de la Delegación de Cultura que responden al mismo servicio en tres meses distintos (porteros y acomodadores). Si se sumaran las tres facturas referenciadas –20.562,74 euros– se sobrepasaría el umbral del contato menor (18.000 euros).

Advierte también de la aprobación de algunos contratos en fecha posterior a la prestación de los servicios contratados. Por ejemplo, el contrato del servicio de acomodadores y porteros de teatros para el período comprendido entre el 15 de septiembre y el 17 de octubre inició su tramitación el 5 de octubre. Y el contrato para la actuación de la cantante colombiana Marta Gómez en el Castillo de Santa Catalina el 14 de julio inició su tramitación el 6 de septiembre.

La nueva instrucción interna que el equipo de gobierno dictó al poco de llegar en 2015 al Ayuntamiento es parte de la culpa de ese caos en el que está instalada el área de Contratación y que también recoge ahora la Cámara de Cuentas. Llega a decir este organismo que esa instrucción –que ha estado vigente hasta hace unos meses– ha establecido “una especie de procedimiento no reconocido en la ley” que además va en contra “de los principios de buena administración”.

En otro orden de cosas, la Cámara de Cuentas observa en su fiscalización de la contratación del Ayuntamiento durante 2017 “la no justificación suficiente de la necesidad de celebración de los contratos”, tal y como establece la ley. Y de igual manera llama la atención sobre la ausencia de cláusulas sociales o medioambientales para los casos en los que haya empate en la clasificación de ofertas.

La situación en Contratación llega a extremos tales que ha resultado adjudicataria de un servicio determinado –el de presentadores para distintos actos sujetos al programa de Carnaval 2017 y otros que se celebren conectados con el Carnaval, en concreto– una empresa que aparece como deudor de la Hacienda Municipal, “por lo que está incumpliendo uno de los requisitos para contratar con la Administración pública”.

En el plano de incumplimientos, ni siquiera cumple el Ayuntamiento con los plazos previstos para la remisión de información a la Cámara de Cuentas, que en el caso del ejercicio de 2017 debería haberse enviado “antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente” pero que no se recibió hasta el 23 de mayo de este año 2019.

Pese a todo ello, la Cámara afirma que la actividad contractual desarrollada por el Ayuntamiento en 2017 “resulta conforme, en los aspectos significativos, con el marco normativo aplicable”.