El CGPJ abre expediente a dos jueces de lo Contencioso-Administrativo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto expedientes a dos jueces de lo contencioso-administrativo por la posible comisión de una presunta falta muy grave en el ejercicio de sus funciones. Los jueces afectados son los titulares del número 1 y del 2 de esta vía, es decir, María Salud Ostos Moreno y Pedro Marcelino Rodríguez Rosales respectivamente.

En el escrito del CGPJ se cita que se ha podido cometer una falta muy grave del artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por "la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales", o en su caso, de manera subsidiaria , de una falta grave del artículo 418.16 de la misma ley, que se refiere a "adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generen ficticios incrementos del volumen de trabajo en relación con el sistema de medición fijado por el CGPJ".

Este expediente nace a raíz de las reuniones que realizan los miembros del CGPJ con los distintos operadores judiciales y es cuando se detecta que en estos dos juzgados se está produciendo una multiplicación de causas que son idénticas.

Así, cuando se producían impugnaciones en la vía de lo contencioso de resoluciones administrativas sobre una misma actuación y éstas llegaban a los juzgados, en el trámite de admisión del recurso, los jueces entendían que se trataba de procesos independientes e inconexos. De este modo, se continuaba el proceso para sólo una de ellas y se determinaba la obligatoriedad de interponer por separado los diversos recursos para las restantes.

En un escrito enviado por el Ayuntamiento al propio CGPJ se ponen algunos ejemplos para lo cual se entregó documentación relativa. Así, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz puso un recurso contra las liquidaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por distintas fincas en el ejercicio del año 2012 efectuadas por el Ayuntamiento. Era una relación de liquidaciones de distintos inmuebles pero el fundamento de la resolución fue común a todas ellas. Sin embargo, mediante un auto de fecha de 19 de diciembre de 2012 del Juzgado de lo Contencioso número 2 se acuerda la admisión del recurso sólo para una de las liquidaciones, requiriendo que se interponga de manera separada los demás. A pesar de que se presentó un recurso contra esta providencia, fue rechazada.

Otro caso parecido se produjo en este caso en el número 1 cuando el Ayuntamiento presentó un recurso contra la Diputación Provincial que desestimaba la reclamación presentada contra la liquidación por tasas de publicación de diversos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia. El juzgado emitió un auto el 5 de julio de 2010 en el que se acuerda continuar el recursos contra una de la liquidaciones solamente y se requiere que se interponga unopor cada una de las tasas que se reclama.

En el escrito enviado por el Ayuntamiento de Cádiz se asegura que la interpretación que mantienen estos dos juzgados de lo contencioso-administrativo "provoca perjuicios no sólo a las partes, que han de presentar varias demandas sustancialmente iguales o remitir varios expedientes casi idénticos, sino también a principios básicos en materia judicial, como el de la economía procesal o la seguridad jurídica".

Se da la circunstancia de que desde hace unos años los jueces tienen también un complemento de productividad que viene marcado por el número de causas que entran en el juzgado si se supera en un tanto por ciento el baremo puesto por el CGPJ.

La Comisión Disciplinaria del CGPJ se reunió el pasado 3 de diciembre y acordó la incoación de este expediente disciplinario a los dos jueces. Para ello se ha nombrado a Federico Jiménez Ballester, magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, como instructor del mismo.