El Ayuntamiento lleva a Fiscalía a las 'quitamultas' y a la edil que las denunció

El pleno del Ayuntamiento de Cádiz de ayer se convirtió en un cara a cara entre populares y socialistas al faltar, por enfermedad, el concejal de Izquierda Unida, Sebastián Terrada. El ambiente se crispó con el debate dos propuestas que ya se habían visto en anteriores plenos: la petición del PP a Junta y Gobierno para que costeen la ayuda al pago de alquileres y exigir a la concesionaria de limpieza que cumpla el contrato.

Tras estos previsibles debates, Marta Meléndez (PSOE) defendió que se investigara un asunto que había denunciado en rueda de prensa: que ciudadanos multados recibían llamadas de empresas quitamultas sin que éstos supieran de dónde habían sacado sus datos. El PSOE quería que se investigara si se traspasó información desde alguna instancia municipal, y también si se intentaban cobrar multas que habían prescrito.

Le respondió José Blas Fernández, que además de tacharla de "sabihonda" (después le llegó a decir que la propuesta retrataba "la clase de política que es usted y la clase de persona que es usted), dijo que los datos los extraían del Boletín Oficial de la Provincia, donde no aparecen los teléfonos de los afectados, y que otras instancias ya habían alertado sobre la proliferación y la forma de actuar de esas empresas a nivel nacional. Además, anunció que se había trasladado el caso a la Fiscalía. Concretamente, se le explica que es "usual" que los multados hayan sido contactado con estas empresas o aseguradoras. Ha habido varios pliegos de descargo con este motivo y se ha recomendado sigilo a los empleados, aunque no se sospecha de ellos. Sí se pide que se indague sobre la forma de actuar de esas empresas y de Marta Meléndez, se dice que compromete la "honorabilidad" de los funcionarios y se basa en "conjeturas".

Antes de rechazarse la moción Fernández mostró un escrito en el que la Junta de Personal muestra su "profundo malestar" con la concejala, quien respondió que la comisión que ella pretendía era un trámite previo a la Fiscalía e insistió en los cobros de multas caducadas que el Ayuntamiento atribuye a errores subsanables.