Playas El Ayuntamiento amenaza con ir a los tribunales por los chiringuitos

  • El Gobierno local presenta una reclamación por los permisos en precario

Las terrazas son un motivo de discrepancia entre los propietarios de los chiringuitos y el Ayuntamiento. Las terrazas son un motivo de discrepancia entre los propietarios de los chiringuitos y el Ayuntamiento.

Las terrazas son un motivo de discrepancia entre los propietarios de los chiringuitos y el Ayuntamiento. / Julio González

La disputa jurídica por la situación en la que se encuentran los chiringuitos de las playas se complica un poco más, por lo que lleva camino de que sea un juez quien ponga orden en un asunto complejo en el que, cada vez más, las partes se están distanciando, con las consiguientes consecuencias que esto puede deparar en los próximos días. El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado en una nota de prensa que ha puesto una reclamación administrativa ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por los permisos en precario con los que cuentan en la actualidad los restaurantes playeros. El tema no se queda aquí, ya que el Gobierno local amenaza con acudir a la vía contenciosa si no se tienen en cuenta sus peticiones.

Esta postura era el paso lógico por parte municipal después de lo acontecido en los últimos meses a partir de la transmisión de la titularidad de las concesiones de la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre. Este expediente se inició tras la firma de un decreto de Alcaldía para intentar finiquitar la situación de provisionalidad en la que se encontraban los negocios que pretendían su apertura durante todo el año. Para ello, se planteó este mecanismo, que fue aprovechado por cuatro hosteleros para solicitar la permanencia en las playas en invierno, el aumento de la superficie de las instalaciones y la ampliación de las concesiones a 30 años.

En este momento, los caminos se separaron al no reconocer el Consistorio el traspaso de la titularidad de las ocupaciones, mientras que la Junta de Andalucía dio el proceso por completado al no recibir alegaciones del Ayuntamiento.

A partir de ahí, la Administración local se ha remitido a lo que marcan el pliego de condiciones y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), además de dar por cerrado la tramitación de la transmisión de las concesiones y considerar que éstas siguen en manos municipales. De hecho, en este tiempo, el Ayuntamiento ha abierto cuatro expedientes sancionadores, aunque actualmente se encuentran paralizados los procesos de restitución de la legalidad urbanística tras pedir informes a la Junta y la Demarcación de Costas.

Este argumento se repitió en la nota de prensa al afirmar el equipo de Gobierno que “tanto el pliego de condiciones como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) son los que determinan el régimen de estas concesiones, en tanto que ni las normas urbanísticas así lo precisan y la transmisión de la titularidad de las concesiones no se ha efectuado”.

El Consistorio avisa a los negocios para que cumplan con el pliego de condiciones y el PGOU

Sobre el proceso que abrió el propio Consistorio, dijo el equipo de Gobierno que “es el Ayuntamiento quien tiene potestad para iniciar y concluir un expediente de índole municipal, y no otra administración”.

Una de las claves de este asunto, y que puede complicarlo aún más, es la actitud que a partir del jueves –día en el que deben cerrar los chiringuitos de Cortadura, mientras que los de Santa María del Mar y La Victoria tienen de plazo hasta el 30 de noviembre– va a tener el Ayuntamiento con los establecimientos que quieren operar en invierno en las playas. Así, cuatro de ellos –Nahu Beach, Potito, Beach Club Potito y Tirabuzón– cuentan con autorizaciones en precario de la Delegación Territorial de Medio Ambiente para que sigan abiertos mientras que se resuelve el procedimiento para la modificación sustancial de las concesiones. De hecho, la Junta ya se ha manifestado al asegurar que estos permisos son legales para seguir ejerciendo su actividad.

Sin embargo, el Ayuntamiento advirtió veladamente lo que puede suceder al manifestar que “no es intención municipal la de sancionar por sancionar, o retirar instalaciones por retirar instalaciones”. Por ello, confió en que, “habiendo quedado claro ya el orden jurídico y las normas de aplicación”, los empresarios “cumplan, de buena fe, los términos de la concesión y del PGOU y que no obliguen a actuar al Ayuntamiento”. Un parecer que se verá en unos días con Nahu Beach, que es el único con permiso temporal en la playa de Cortadura.

Con todo, el equipo de Gobierno defendió que “no es posible mejorar unas condiciones durante una concesión porque provocaría que terceros pudieran ver vulnerados sus derechos o pretensiones”.

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