El 31 de octubre vuelve a estar marcado en rojo para los chiringuitos. Ante un conflicto que se sigue eternizando, el pliego de condiciones por el que los hosteleros se hicieron con la explotación de los establecimientos marca que ese día es el último que pueden abrir los establecimientos ubicados en Cortadura, mientras que en La Victoria y Santa María del Mar el plazo se amplía hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, al cóctel de las desavenencias entre las partes (Junta, Ayuntamiento y empresarios) se suma para la próxima temporada invernal un nuevo ingrediente: la transmisión de la titularidad de las concesiones de la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre.

Esto hace que vuelva a existir la incertidumbre por lo que pueda pasar la próxima semana si se tienen en cuenta las declaraciones realizadas desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento, en las que, tras un cambio de criterio sobre los traspasos de las titularidades una vez que la Junta ya había considerado que se habían realizado, se remitía al cumplimiento del pliego de condiciones y del PGOU. Con todo, y a la espera de la postura definitiva del Consistorio gaditano sobre este asunto durante los próximos días, la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía considera que los hosteleros cuentan con las autorizaciones en precario para poder seguir operando en las playas en invierno.

Fuentes de la Administración autonómica reafirmaron la postura que ha mantenido durante todo este conflicto el Gobierno andaluz, ya que aseveraron que el proceso para la transmisión de la titularidad ya se ha completado, un hecho que el Ayuntamiento mantiene que no se ha producido. En virtud a este procedimiento, cuatro establecimientos han solicitado la modificación sustancial de las condiciones de las concesiones para conseguir el aumento de la duración de las ocupaciones, la apertura durante todo el año y la ampliación de la superficie de las instalaciones.

Estos restaurantes playeros son el Nahu Beach en Cortadura; Potito y Beach Club Potito en La Victoria; y Tirabuzón en Santa María del Mar. Estas fuentes resaltaron que estos establecimientos “cuentan ahora mismo con una autorización en precario, por lo que podrán seguir abiertos al estar cubiertos por la legalidad al tener esta autorización en precario”. Un argumento que, sin embargo, choca con las intenciones mostradas hasta la fecha por el Ayuntamiento al señalar que se debe cumplir con el pliego de condiciones.

Íntimamente relacionado con este asunto, el Ayuntamiento de Cádiz ha decidido suspender provisionalmente los procedimientos de restitución de la legalidad urbanística que se incluían dentro de los cuatro expedientes sancionadores que había abierto la Delegación Municipal de Urbanismo contra chiringuitos por considerar que no cumplían con el PGOU al exceder los 150 metros cuadrados que pueden ocupar las construcciones.

El Ayuntamiento pide al Gobierno andaluz información sobre los permisos en precario

Esta paralización temporal se ha realizado una vez que los hosteleros presentaron sus alegaciones, por lo que el Consistorio ha solicitado a la Demarcación de Costas y a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta que emita sendos informes sobre la validez y la vigencia de las autorizaciones en precario, así como la superficie que se ha autorizado a los establecimientos para su ocupación.

Este acuerdo, que se aprobó en la Junta de Gobierno Local que se celebró el pasado 21 de septiembre, ya ha sido notificada a las partes. Ante esta petición de información, desde la Junta de Andalucía señalaron que las autorizaciones en precario a los chiringuitos se realizaron a partir del criterio que hasta el momento de su concesión mantenía el Ayuntamiento, ya que cuando era titular de las concesiones había solicitado que dichas instalaciones ocuparan más espacio de los 150 metros cuadrados que marca el PGOU. Ante esto, estas fuentes resaltaron que el cambio de criterio “ha sido posterior”. Por ello, y tras apuntar que “con la transmisión de la titularidad de las concesiones, el pliego de condiciones no tiene vigencia”, remarcaron que “los titulares pueden estar en la playa en las condiciones que marca la autorización en precario en cuanto no se emita la resolución”.

Los técnicos de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ya están ultimando este dictamen a las solicitudes de las modificaciones sustanciales de las concesiones. Sobre estas resoluciones, desde la Administración autonómica advirtieron que el resultado final “podría ser en condiciones diferentes” a lo que marcan los permisos temporales, ya que éstas se deben ajustar a lo que marca la normativa vigente.