El Ayuntamiento de Cádiz viene recibiendo un varapalo judicial tras otro, y así van ya alrededor de 70, por las contrataciones que entre 2017 y 2019 -esto es, en tiempos del gobierno de Adelante presidido por Kichi- hizo con cargo a los planes de empleo subvencionados por la Junta de Andalucía. En todos los casos, los tribunales están determinando que estos trabajadores vieron vulnerados sus derechos fundamentales, obligando a una indemnización cuya suma total ya alcanza los 450.000 euros.

En esos años 2017, 2018 y 2019 el Ayuntamiento participó en los programas Empleo Joven, para contrataciones temporales a personas entre 18 y 29 años de edad; Empleo 30+, para mayores de 30 años; y Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral, para jóvenes, mayores de 45 años, desempleados de larga duración, personas con discapacidad, y personas en situación de riesgo o exclusión social; todos ellos promovidos por la Junta de Andalucía.

El problema de esas contrataciones que está teniendo que asumir ahora, por vía judicial, el Ayuntamiento es que todos esos trabajadores cobraron una nómina considerablemente inferior a la que perciben los funcionarios municipales por unos trabajos que muchas veces eran similares, cuando no idénticos. Y es que el Ayuntamiento se limitó entonces a conceder a cada uno de los trabajadores contratados a través de estos programas el dinero que concedía la subvención de la Junta, al que según dictan ahora los tribunales debería haber complementado con la partida necesaria hasta igualar las nóminas que se perciben en el Consistorio.

Esta diferencia salarial ha provocado esas 70 demandas que progresivamente están siendo objeto de sentencias, todas ellas contra el Ayuntamiento, que se ve así obligado a indemnizar a cada uno de estos trabajadores por dos conceptos: por un lado, porque “vulneró derechos fundamentales” de estos empleados; y por otro, por la reclamación de esas diferencias retributivas que no percibieron en su momento.

Según ha podido saber este medio, la vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores está dando lugar a sentencias que estiman una sanción de alrededor de 300 euros por cada trabajador, lo que ha elevado ya la cuenta municipal a 17.908 euros por sentencias firmes a los que se espera sumar otros 600 euros por sentencias cuyo procedimiento aún no ha terminado, pero se prevé que sean igualmente contrarias a los intereses municipales.

Esta cifra, conviene señalar, es notablemente inferior a la que reclamaba cada empleado de esos programas de la Junta a los que se adhirió el gobierno de Kichi, cuya suma ascendía a los 262.609,38 euros.

Respecto a la reclamación de cantidades que debieron percibir esos trabajadores por parte del Ayuntamiento, la factura asciende ya a 255.000 euros, habiendo otros 180.000 euros a la espera de sentencias firmes. Y a todo ello, además, hay que sumarle los intereses.

En total, se superan los 450.000 euros que tendrá que asumir el Ayuntamiento por esas contrataciones deficitarias que se hicieron en esos años de gobierno de Kichi a los setenta trabajadores que han denunciado esta situación y que están recibiendo el respaldo de los tribunales.

Eso sí, la cuantía total viene a ser una cuarta parte de lo que reclamaban estos 70 empleados, que pedían al Ayuntamiento hasta dos millones de euros en concepto de indemnización por esos programas de empleo temporal en los que participaron entre 2017 y 2019.