Como si de un lapsus se tratara, una pequeña disfunción de horas, el escenario en relación al conflicto laboral del servicio de Ayuda a Domicilio que presta el Ayuntamiento de Cádiz ha vuelto a su estado anterior a la reunión del martes en el Sercla donde los acuerdos saltaron por los aires. Horas después de conocerse que empresa y trabajadores no habían confirmado su acercamiento, que la plantilla retomaba las movilizaciones y que el gobierno de Bruno García suspendía el pleno extraordinario que debía celebrarse este viernes, todas las partes han vuelto al punto de origen, retrasando (de manera previsible, en base a los últimos acontecimientos) unos días la solución final a este conflicto.

En primer lugar, empresa y trabajadores parecen haber encontrado el acuerdo final que previsiblemente iban a suscribir este pasado martes en el Sercla y que a última hora se rompió. Según ha podido saber este periódico, el descenso de la jornada semanal motivó la ruptura del preacuerdo alcanzado, al no aceptar en el último momento la empresa la fijación para el tercer año del convenio de una jornada de 35 horas semanales, después de sí aprobar bajar a las 37 horas el primer año de convenio y a 36 el segundo.

En un primer momento, la empresa concedía esas 35 horas semanales sólo para el último mes de vigencia del convenio, alegando un posible nuevo retraso en tramitaciones de futuros contratos como ocurre en la actualidad (donde sigue prestando un servicio extinguido en 2018 y con las mismas relaciones contractuales que hace ya seis años). Pero en cuestión de horas, empresa y comité de trabajadores volvieron a sentarse para aceptar definitivamente esa reducción de jornada laboral en el futuro hasta las 35 horas semanales.

Este acuerdo volverá a llevarse al Sercla este lunes 19 de febrero, confiando las partes en que esta vez sí se consiga la firma definitiva que ratifique la solución al conflicto laboral.

En paralelo, el gobierno de Bruno García también volvía este jueves a convocar el Pleno extraordinario que debía haberse celebrado hoy y que fue suspendido el miércoles. Fuentes consultadas achacaron el retraso a un problema técnico a la hora de formalizar la convocatoria, demorando finalmente la celebración de este pleno para el martes 20 a las doce del mediodía.

Así las cosas, en las convocatorias previstas para lunes y martes puede ratificarse la solución a los problemas de la plantilla del servicio de Ayuda a Domicilio que deberían haberse producido estos últimos días y que repentinamente quedaron interrumpidas. Un aparente susto que ha reconducido la situación para volver al punto inicial.

De este modo, la solución vuelve a ser la anunciada hace unos días por el alcalde. En una primera fase, el Ayuntamiento va a reconocer una deuda en favor de la empresa que presta el servicio de Ayuda a Domicilio de 722.346,20 euros (para lo que se celebrará ese pleno extraordinario ahora convocado para el martes); en una segunda medida, también favorecida por el Ayuntamiento, se le va a reconocer a partir de ahora las facturas mensuales a la empresa con el precio fijado desde 2023 por la Junta de Andalucía (15,45 euros la hora) y no por el que seguía percibiendo hasta ahora desde que firmara el contrato en 2015 (12,90 euros por hora).

Y en tercer lugar, está la elaboración del pliego de condiciones en el que se está trabajando para volver a sacar (por cuarta vez) el nuevo contrato de la Ayuda a Domicilio. Un documento que fijará un precio por hora superior a los 20,50 euros. Esto significa que en los últimos días el Ayuntamiento ha dado un nuevo paso adelante con respecto a las condiciones de este servicio, ya que la pasada semana anunció el alcalde que lo fijaría por encima de los 20 euros por hora, habiendo incorporado luego otros 50 céntimos al precio que figurará en el pliego que están redactando los técnicos.

Por tanto, tras ese lapsus entre el martes y el miércoles, todas las partes parecen haber reconducido sus posiciones y gestiones para, de manera definitiva, solventar por ahora la situación de un servicio que según los informes atiende a 974 personas en Cádiz, “con una lista de espera de más de 200 solicitudes”, y es prestado por 330 trabajadores.