Enfoque | Diagnóstico de los Servicios Sociales El pozo de los Asuntos Sociales

  • Aunque la urgencia social que supuso la pandemia se defendió con trabajo e inversión, el sistema de servicios sociales, excesivamente asistencialista, se ha demostrado como un modelo ineficaz a la larga

Una imagen del centro de la calle Zaragoza en marzo de este 2021.

Una imagen del centro de la calle Zaragoza en marzo de este 2021. / Julio González

Hablar de los Asuntos Sociales es hablar de necesidad. Es hablar de pobreza. De la crónica, de la transitoria, de la recurrente, de la no recurrente, de la energética, de la que forma telarañas en los bolsillos, de la que se hereda, como una de esas maldiciones de los cuentos macabros, asumiéndose de padres a hijos, de la que se aprende y contra la que se lucha. La pobreza es un pozo, y salir de él, es jodido, muy jodido. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos lo dice más bonito, “las personas que han salido de una situación de pobreza tienen grandes posibilidades de volver a ella”. Y en una ciudad que llegó al mes de abril con un 31,62% de su población en paro, con una preocupante falta de vivienda de precios ajustados a la situación de sus ciudadanos y con la ruina de una pandemia mundial que vino a agravar sus padecimientos, no sólo es difícil salir del pozo sino más fácil caer en él; por tanto, más robusta debería ser la cuerda dispuesta para el auxilio. Porque hablar de pobreza es hablar de la búsqueda de salidas. Es hablar de Asuntos Sociales. De inversión, de atención y de un sistema de garantías –de una cuerda– que, de verdad, sirva. Pero el actual, dependiente de un modelo excesivamente asistencialista, no termina de desenredar sus nudos para alcanzar el fondo.

“Hay que poner en valor el esfuerzo encomiable que en esta última legislatura y, sobre todo, en este último año, se ha realizado desde la delegación municipal de Asuntos Sociales, tanto en inversión económica como en la puesta en marcha de algunas iniciativas concretas como el bono del agua o la cobertura energética anual, pero los problemas siguen existiendo y vienen desde hace tiempo, sobre todo, por una manera de funcionamiento muy volcada en el asistencialismo. Dicen que en tiempos de tormenta cuesta hacer mudanza, pero ¿cuándo no cuesta hacer una mudanza? Es hora de cambiar”, reflexiona Rafael Lara, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que resume “en cuatro aspectos” las principales zonas oscuras de ese pozo sin fondo en el que también se pueden llegar a convertir unos Asuntos Sociales ineficaces.

“La necesidad de un cambio de paradigma que mire hacia una asistencia integral de la persona y no sólo a cubrir una ayuda concreta, aunque, evidentemente, se sigan atendiendo esas urgencias; una mejora de las infraestructuras, como el centro de la calle Zaragoza, que no es un centro adecuado para la atención; arreglar la situación laboral de las trabajadoras, en su mayoría con una gran inestabilidad pues sus puestos dependen de programas que se renuevan año y año; y por último, hemos notado que la pandemia ha dado lugar a una nueva problemática, lo que nosotros llamamos el amurallamiento digital, que es el resultado de ese cierre de la atención directa y presencial, lo que hace que la persona se enfrente, en muchos casos, a procedimientos endiablados que no entienden a través de una web, a teléfonos que no contestan. Además, a las trabajadores tampoco les facilita su labor porque siguen siendo el mismo número y las demandas siguen aumentando con lo que se crea una situación de cuello de botella que tampoco agiliza ningún trámite”, precisa Lara.

Bien. El diagnóstico está hecho, y no es nuevo, en poco difiere de aquel que en 2017 realizó el Colegio de Trabajo Social de Cádiz, o de las opiniones de Adela Moreno, secretaria general de la sección sindical de UGT del Ayuntamiento; Irina Sáinz, representante de la comisión de servicios sociales del Colegio de Trabajo Social, y de la propia concejala, Helena Fernández, que lamenta que “ante la acuciante demanda social” su equipo funciona “más” de lo que le gustaría como “tramitadores de ayudas en vez de como interventores sociales”.

Pero, ¿existe una solución para esta encrucijada?, ¿es posible avanzar hacia un modelo donde, sin dejar de lado la cobertura más urgente, la persona se coloque en el centro? Desde Cruz Roja, Nerea Almazán, directora provincial de Intervención social de la organización en Cádiz, lo tiene claro: “Yo es que no conozco otra manera de trabajar”.

La responsable del área asegura que cuando una persona llega a Cruz Roja con una necesidad concreta –“pongamos que quiere que se le pague un recibo de luz”, ejemplifica– se le da una “respuesta inmediata” (se cubre la necesidad, si es posible) pero además se le hace una valoración de su situación –“una entrevista donde detalla su situación personal, familiar, económica, ambiental...”– para después ofrecerle recursos propios o derivarle a los organismos o entidades que puedan ayudarle pero “haciéndoles entender la importancia de su compromiso con el plan personalizado de intervención que le marcamos. Por ejemplo, pues acudir dos meses al taller de ahorro energético, o al de competencias básicas, al de búsqueda de recursos socio-labores…”, explica.

Un trato que en 2020 se tradujo en la atención en el área social de 2.941 familias de Cádiz capital, de las cuáles, 1.200 recibieron ayudas económicas y 1.134 algún tipo de entrega de bienes. “La cifra también incluye a personas que han recibido información, orientación, asistencia, o acompañamiento”, precisan desde la organización que también contempla en este número a las 960 familias atendidas en el programa de Extrema Vulnerabilidad, 60 más que en 2019.

Las cifras que manejaron en Asuntos Sociales en 2020 –una inversión total de 4.112.423 euros en ayudas sociales– también hablan del annus horribilis que vivieron los gaditanos. “Y lo que, lamentablemente, nos queda”, explica la delegada sindical, y trabajadora social de una delegación que en lo que va de año lleva concedidas 899 ayudas, que suponen ya una inversión de 339.495 euros. Y suma y sigue. Y suma y sigue...

“El personal está agotado, sobrecargado, trabajando en unos edificios que no están adaptados, sólo decirte que el ascensor de la calle Zaragoza, un edificio de cuatro plantas, está estropeado, que llevamos 10 años reclamando aire acondicionado para el centro de la Paz y que el de La Laguna se inunda cada dos por tres a causa de filtraciones porque se construyó por debajo del nivel freático”, se queja Moreno que, a pesar de las deficiencias de las estructuras, aun ve “más complicado” cómo “con el mismo personal se tienen que valorar el triple de solicitudes” y “con la implicación emocional que eso supone, que aquí no trabajamos con papeles, sino con personas, personas con muchas necesidades”, observa.

Y es que “si ya era complicada una atención integral en una ciudad con una tasa de paro enorme, sin industria ni nicho de empleo, con una importante economía sumergida, y con unos precios de vivienda prohibitivos para una familia de clase media-baja –analiza Moreno– la pandemia ha venido a agravar la urgencia de cobertura de esas necesidades básicas”.

Somos las UCI sociales. Lo fuimos durante el confinamiento y los meses más duro de la pandemia, siendo de los primeros que salimos a la calle a hacer intervenciones, y lo seguiremos siendo en los años duros que quedan a nivel económico”, define Irina Sáinz que, además de representar al Colegio de Trabajo Social, también conoce de cerca el funcionamiento de la delegación de Asuntos Sociales.

Unos servicios que cuentan con 14 profesionales de carrera –3 cargos y 11 trabajadores de base–, 3 personas fijas por sentencia judicial y 32 trabajadoras sujetas a los programas de la Junta de Andalucía que se gestionan desde la delegación. Es decir, que 14 personas “de estructura” y 32 “en volandas” sostienen cinco centros de servicios sociales en Cádiz (Zaragoza, Isabel la Católica, Barriada de la Paz, La Laguna y Hermanas Mirabal) dotados de “11 Unidades de Trabajo Social (UTS) con dos profesionales cada una, 1 unidad de ayuda a domicilio, 3 unidades de trabajo (en Barriada de la Paz, Zaragoza y Laguna) y 2 equipos del programa de familia”. Eso, de base.

Y he aquí el corazón del problema, porque la relación laboral de los profesionales de Asuntos Sociales tiene “mucho que ver” con la estructura asistencialista y, podríamos decir, limitada de este área. La concejala del ramo, Helena Fernández, lo explica así: “Además de los 4.000.000 de euros en prestaciones que invertimos desde el Ayuntamiento, entre otras dotaciones, los Servicios Sociales, prácticamente en su conjunto, dependen del Plan Concertado, un convenio entre Gobierno, Autonomía y Ayuntamiento, que es el que nos marca que trabajemos por programas. El dinero que viene de ese plan, nosotros nos lo gastamos íntegramente en el personal, pero es un personal que depende de que los programas se renueven año a año y, de ahí, la inestabilidad de buena parte de plantilla”.

Una hilera de carros a la espera de ser llenados con ayuda alimentaria. Una hilera de carros a la espera de ser llenados con ayuda alimentaria.

Una hilera de carros a la espera de ser llenados con ayuda alimentaria. / Julio González

“Que el personal adscrito a programas renueve año a año significa –suma por su parte Adela Moreno– que no te puedes poner enfermo o tener un accidente a final de año porque si te pides una baja, y el programa renueva, no pueden contar contigo. Encima hablamos de trabajos muy especializados, que requieren de un conocimiento de la familia con la que trabajas y hasta de vínculos de confianza. Y esto de trabajar por programas es que sólo ocurre en Servicios Sociales, ninguna otra área municipal trabaja con tanta inestabilidad”. “Ni en otros ayuntamientos ni en la misma Diputación Provincial, donde el personal trabaja con programas pero se acogen a otras figuras legales más seguras”, añade Sáinz, según la experiencia de sus colegiados.

Inestabilidad en el empleo. Inestabilidad en los programas. (Inestabilidad hasta en la salud ya que, hay que recordar, el Gobierno ha dejado fuera de su estrategia de vacunación a los trabajadores sociales, profesión que consideró “esencial” durante el confinamiento y primer estado de alarma). Consecuencia: “la atención integral sería imposible porque no existe suficiente personal para sostener el sistema”, decide la delegada sindical.

Sin embargo, la edil de Asuntos Sociales se muestra más optimista, y aunque es “consciente” de la “complicada realidad” que ha hecho hasta crujir el Plan Estratégico 2019-2022 de los Servicios Sociales municipales, opina que se han ido “dando pasos” en estos años hacia un modelo más intervencionista con iniciativas como las que alababa Rafael Lara (bono del agua o la cobertura energética) o programas como Adultos Aprenden, que en estos primeros cuatro meses del año ha sido solicitado por 48 personas, lo que supone una inversión de 14.179 euros; las actividades socioeducativas para menores de entre 6 y 16 años, que van desde clases particulares a actividades de ocio, “a la vez que se intervienen con las familias de estos menores”; o un “exitoso” y reciente proyecto puesto en marcha por la Mancomunidad que se llama Cuidarse para Ganarse en Salud. “Se trata de un complemento a la ayuda a domicilio donde trabaja un equipo compuesto por una peluquera, un fisioterapeuta, psicóloga y enfermera y se trabaja con la persona en su salud y en mejorar su autoestima, y la verdad que está teniendo muy buena acogida”, resuelve la concejala.

Porque hablar de Asuntos Sociales es hablar de esperanza. Incluso en la ciudad del paro y de los alquileres prohibitivos. Incluso en una tierra pobre donde los hijos siguen solicitando las mismas ayudas que en su día solicitaron sus padres. Incluso donde hay quien se jacta de su paguita en un tonto alarde de disfrazar la vergüenza de picaresca. Porque hablar de Asuntos Sociales en Cádiz es hablar de necesidad. Es hablar de pobreza. De todas sus sombras. De pozos. Y de cómo salir de ellos. Con una cuerda pero trepando con nuestras manos.

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