El delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ángel Acuña, ha asegurado esta mañana que el Gobierno andaluz "no tiene culpa de la actitud errática que ha tenido el Ayuntamiento de Cádiz" en la tramitación de la transmisión de la titularidad de los chiringuitos. Un proceso que ha sido denunciado por Ciudadanos y que ha provocado que el alcalde, José María González Kichi, tenga que declarar el próximo jueves en calidad de investigado dentro de las diligencias previas. Una comparecencia que versará sobre la citada querella por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. 

De esta forma, Acuña ha salido al paso de las manifestaciones realizadas por el equipo de Gobierno en las que se señala que el traspaso de la concesión del Dominio Público Marítimo-Terrestre en favor de los chiringuitos y que podría haber incurrido en ilegalidades la Adminstración autonómica por seguir con el procedimiento. El delegado de Medio Ambiente afirmó que "no es cierto" que "no hubo por parte del Ayuntamiento una intención de transmitir la titularidad a los hosteleros".

Para ello, el responsable del Gobierno andaluz se apoyó en las negociaciones en las que participaron los propios hosteleros y miembros de las dos instituciones. En ellas, según Acuña, "se manifestó por parte del Ayuntamiento su intención de transmitir la titularidad de las concesiones a los hosteleros y su intención de solicitar dicha transmisión". 

Este trámite, destacó Acuña, se realiza a partir del decreto de Alcaldía firmado el 3 de noviembre de 2017. Ante este acto, indicó el delegado que "le solicitamos subsanación de la documentación y el Ayuntamiento la subsanó. Si hubiera sido una consulta técnica, no se hubiera producido esa subsanación". 

Ante esto, la Junta de Andalucía pone en marcha un procedimiento que, resaltó el delegado, "para nosotros finaliza el 30 de noviembre". A esto, añadió que "se le da traslado al Ayuntamiento y el Ayuntamiento no hace ningún tipo de alegaciones". 

Con todo, Acuña aportó otra clave en este proceso al señalar una nota de prensa del Ayuntamiento de Cádiz con fecha de 12 de diciembre en la que se informa de un encuentro entre el alcalde y los propietarios de los chiringuitos. En ella, destacó el delegado de Medio Ambiente, "el alcalde se vanagloria de haber finalizado correctamente ese procedimiento, con lo cual, no era una consulta técnica". 

A pesar de esto, el responsable autonómico señaló que "es en agosto de 2018, nueve meses después, cuando el Ayuntamiento de Cádiz solicita a la Junta de Andalucía tenerse por desistido de un procedimiento que a nuestro juicio había finalizado el 30 de noviembre de 2017". 

Por todo esto, denunció "la actitud errática" del Consistorio gaditano, ya que "se ha intentado bajar de todos los procedimientos que ha iniciado. Inició el Plan de Playas y se intentó bajar, inició la modificación sustancial de las condiciones y se desistió posteriormente, e inició la transmisión de la titularidad y se intentó bajar nueve meses después". Por ello, Acuña exculpó a la Junta de la situación de la polémica de los chiringuitos.

En otro orden de cosas, Acuña declaró sobre la denuncia de Ciudadanos contra el alcalde que "creemos que esta cuestión debe resolverse dentro del ámbito del derecho administrativo. En ningún caso, dentro del ámbito del derecho penal y de la jurisdicción penal".