De mareógrafos y vírgenes. Por Javi Osuna

Transformar el mareógrafo público de La Caleta en la capilla de la patrona de unos cuantos, en un estado aconfesional, fue una vergüenza, impropia de una coalición de izquierda como la que estaba en 2016, que así lo permitió. El mundo absolutamente al revés. Porque la casetilla del mareógrafo, al ser de titularidad pública, bajo ningún concepto se le debió dar uso de culto privado introduciendo un elemento religioso en un espacio que nunca tuvo que ver con las creencias, antes bien con la ciencia, y menos, repito, en un estado aconfesional. El que quiera rendirle culto a la patrona que lo haga en un espacio privado y con dinero privado. Así de claro.

Aquella nefasta decisión de los gobernantes de 2016, pretendieron revestirla con un hálito historiográfico, bajo el pretexto de los fastos del Tricentenario. Y el Mareógrafo era lo que era y es lo que es: una caseta concebida para albergar dentro instrumentación náutica que medía las mareas, tan necesarias su incidencia para la ingeniería militar del sitio en el que se construyó. Puestos a albergar usos, una vez que perdió su función primigenia, se podría haber elaborado una lista infinita de propuestas, antes que una seudo capilla, que es lo que está ocurriendo también con todas las escaragüitas o garitas voladas de nuestras murallas, edificaciones civiles que están siendo colonizadas por figuras religiosas.

Lo público es público (el sitio); los presupuestos del erario público son de todos (de creyentes y de ateos); y no se sostiene que se soslaye la aconfesionalidad de nuestro país, obligado a separar las creencias particulares de lo público. El culto individual al templo de culto individual y que se sostenga por los jurdores de sus feligreses.

La enésima réplica de la virgen del Rosario ha desaparecido del pináculo del Faro de las Puercas. Una fantástica noticia. En breve, y conociendo a la Autoritaria Portuaria, gastarán recursos públicos, con buceadores buscando a la virgen desaparecida.

Menos mal que la separación Iglesia-Estado es un principio jurídico-político que establece autonomía mutua entre las instituciones estatales y religiosas, garantizando la neutralidad del Estado en asuntos de fe y asegurando la libertad de culto, y busca evitar la injerencia religiosa en políticas públicas y la coacción estatal sobre las creencias. Menos mal, picha. ¡Un mojón pal principio jurídico-político!