El Gobierno desvinculó ayer la decisión de la presidenta argentina, Cristina Fernández, de no acudir finalmente a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, que se ha justificado por motivos médicos, del contencioso existente por la expropiación a Repsol de su filial YPF.

Aunque en principio parecía difícil que, a raíz de la polémica por este asunto, Fernández viajase a España, se pasó posteriormente a una fase en la que aceptó la invitación. Sin embargo, el Gobierno argentino había comunicado esta semana que, quizás, no pudiera estar presente en la capital gaditana, y ayer se anunció finalmente que cancelaba su participación. Una decisión que se explicó por el hecho de que los facultativos desaconsejaron el viaje de Fernández a España para evitar un "esfuerzo adicional" en la agenda de la presidenta.

La semana pasada, Fernández, de 59 años, tuvo que guardar reposo durante veinticuatro horas por un cuadro de hipotensión arterial leve y sus médicos dispusieron realizar una serie de controles de salud. Fuentes del Gobierno español se han remitido a estos argumentos ante la ausencia de la presidenta en la cumbre y han rechazado que el motivo real de la misma sea la situación existente tras la expropiación de YPF.

En ese sentido, señalaron que la delegación argentina ya había apuntado la posibilidad de que no viajara por motivos médicos y que, en caso de que se confirmara la ausencia sería el vicepresidente, Amado Boudou, el que participaría. Con independencia de que Argentina estuviera representada por su presidenta o por su vicepresidente, el Gobierno ha subrayado que las diferencias por la expropiación de YPF no van a interferir en el desarrollo de la cita de Cádiz. "Una cosa es algún problema puntual en la relación entre dos países, aunque pueda ser importante, y otra que ese contencioso afecte a una cumbre de veintidós participantes y en la que han de primar los intereses generales de la familia iberoamericana", señaló un alto cargo del Gobierno implicado de lleno en la organización del cónclave gaditano. En esa línea, otras fuentes del Ejecutivo reiteraron que la delegación argentina recibirá un tratamiento "impecable", y que las reivindicaciones de España ante lo sucedido con YPF "tienen otros canales". Cuestión distinta es que en el desarrollo de la cumbre, de marcado carácter económico, se aborde de forma genérica la necesidad de garantizar por parte de todos los países iberoamericanos la seguridad jurídica de las inversiones. En concreto, se pretende avanzar en un sistema de arbitraje diseñado por el sector privado para resolver problemas de las pequeñas y medianas empresas.