A principios de los 90 los sindicatos presionan al Gobierno para que asuma el establecimiento de una renta mínima recogida en la Propuesta Sindical Prioritaria. Ante la negativa del Ejecutivo, las comunidades autónomas comienzan a desarrollar dispositivos que, con distintos nombres, son conocidos como salarios sociales. En 1999 la Junta de Andalucía implanta el Ingreso Mínimo de Solidaridad, un recurso que garantiza un sueldo durante seis meses a personas sin otros recursos. Ese mismo año Izquierda Unida registra en el Congreso una iniciativa en la que reclama una renta básica para personas con necesidades. La primera mención en el Parlamento andaluz la hace en 2000 el diputado de IU Antonio Romero en la sesión de investidura de Manuel Chaves. En 2007 la presión de IU obliga a incorporar esta reivindicación en el Estatuto, artículo 23.2. Chaves se apropia del emblema en la campaña electoral de 2008. Se redactan textos y su aprobación es inminente pero, ante la crisis económica, el nuevo presidente de la Junta, José Antonio Griñán, mete el proyecto en un cajón en 2010. El acuerdo del PSOE con IU tras las elecciones de 2012 devuelve la vieja reivindicación a la luz. Los dos partidos que la han prometido forman gobierno. El pacto sólo recoge la constitución de un grupo de trabajo en el Parlamento, que se constituye el próximo jueves.

Los vaivenes y dudas en torno a la renta básica (que se mantienen) cumplirán 15 años en Andalucía. Otras comunidades autónomas la tienen desde hace décadas, por ley, como un derecho, independientemente de la voluntad y el presupuesto de los gobernantes. Este concepto difiere del original, ya que a nivel internacional se entiende como renta básica (Basic Income) una prestación universal por el mero hecho de vivir, aunque aún no se ha aplicado en ningún país. Suiza lo someterá a referéndum próximamente. Sería el primero en Europa y casi en el mundo, porque lo más parecido se daría en Alaska y financiado con las ganancias que da la empresa local de petróleo.

Al margen de utopías, otras regiones europeas recogen este derecho para personas con necesidades. El programa más similar en España está en el País Vasco. La ley establece ayudas de 564 euros mensuales un mínimo de un año y con un compromiso de inserción social o laboral. Navarra ya daba estas ayudas desde 1982 y las recogió por ley a principios de los 90. Tiene la cuantía más elevada del país: 962 euros mensuales entre seis meses y un año. Madrid aprobó la ley en 2001. La ayuda, de 532 euros como máximo, se caracteriza porque es subsidiaria de la Seguridad Social, tanto en su modalidad contributiva como no contributiva.

Los restantes salarios sociales son prestaciones, no derechos subjetivos de las personas. Y la de la Junta es la más limitada: se da seis meses, improrrogables.

Durante un año la ofrecen Asturias, Murcia, Aragón, Cantabria, Baleares y Canarias, y con posibilidad de prórroga. Cataluña la mantiene mientras duren las circunstancias. La Rioja durante dos años. La Comunidad Valenciana o Castilla y León de seis meses a tres años. Galicia hasta cuatro años. Y las de Castilla-La Mancha o Extremadura son las más parecidas: también son seis meses, aunque contempla renovaciones.

En la cuantía la Junta tampoco puede sacar pecho. Se sitúa en la media, por debajo. La ayuda mensual mínima de la Junta es del 62% del Iprem. Este año, 400 euros. Se complementa con 51,6 euros por cada miembro de la unidad familiar hasta un máximo de 645,3. Tampoco en medidas complementarias. Los beneficiarios no tienen ninguna guía o acompañamiento para la inserción, a diferencia de la mayoría de las comunidades. Aquí se dispensa como una subvención, sin compromisos.

La Junta se ha quedado estancada mientras el resto de comunidades han ido actualizando las normativas.

El debate entre los socios de gobierno ha vuelto a la mesa. IU pidió dar luz y agua gratis a los perceptores del salario social. Ante la frialdad con la que fue recibida la propuesta, IU reclamó la creación del grupo de trabajo que se recoge en el acuerdo de Gobierno. Sus dirigentes dicen que la renta básica será efectiva esta legislatura.

Ayer el secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo, dio a entender en rueda de prensa que el grupo de trabajo empezaría desde cero. Pero la propuesta ya estaba muy avanzada en 2009.

El último texto conocido proyectaba una renta básica como derecho de todos los andaluces con necesidades que lleven residiendo al menos un año en la región. Sería de subsistencia, a partir de los 18 años y hasta los 65, cuando comenzarían a beneficiarse de las pensiones. Sería complementaria a otras ayudas. Se dispensaría al día siguiente de la solicitud, para evitar retrasos. Se vincularía obligatoriamente a un itinerario de inserción social y laboral, y a medidas de educación y vivienda. Se multarían los incumplimientos y los fraudes. Se subiría la cuantía de un 62% del Iprem al 75% como mínimo y de un 150% como máximo. Y sin límite de tiempo.

Ahora los partidos "repensarán" la futura renta básica en Andalucía, que se presenta como una necesidad perentoria ante un 36% de paro y un horizonte amenazante si se extinguen los 400 euros prorrogados que concede el Gobierno.