Si el juez Álvaro Martín pensaba que con su auto del pasado 31 de mayo se había acabado la tramitación de los ERE, lo tiene claro. El instructor de la pieza separada del denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas tiene en su poder al menos tres recursos de reforma -presentados por la ex ministra Magdalena Álvarez, el ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, y el viceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez-, cinco peticiones de aclaración y corrección de algunos extremos de su extensa resolución de 98 folios, y una petición del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá para que se suspenda el plazo para recurrir hasta que llegue la documentación reclamada o para que se le conceda una prórroga de 30 días para formular el correspondiente recurso.

Y todo ello menos de una semana después de que el instructor diese a conocer el auto en el que ha sentado en el banquillo a 26 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que también van a recurrir esta resolución aunque lo harán directamente presentando un recurso de apelación en la Audiencia de Sevilla, para lo cual el plazo finaliza mañana.

De los recursos de reforma presentado hasta el momento y que resolverá el mismo instructor -quien como es lógico mantendrá su criterio y confirmará su resolución-, destaca el presentado por la ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, cuya defensa alega que "ni conoció ni pudo conocer la pretendida ilegalidad del procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales, puesto que no tuvo acceso a ninguno de los informes emitidos por los órganos de control en los que se pusiera de manifiesto tal circunstancia".

El abogado de Magdalena Álvarez explica en el recurso que ésta "nunca recibió, ni pudo recibir, informe alguno de la Intervención General de la Junta en el que se pusieran de manifiesto irregularidades", puesto que el informe definitivo de auditoría de cumplimiento de 2005 se emitió en julio de ese año, momento en el que Magdalena Álvarez había cesado como consejera, en febrero de 2004.

De la misma forma, considera que el auto de Álvaro Martín "no alcanza a explicar cómo puede considerarse ilegal una partida presupuestaria reiteradamente aprobada por el Parlamento", al tiempo que señala que la consejería de Hacienda "carece de competencia alguna para la elaboración y revisión del estado de gastos" de otras Consejería, por lo que no puede atribuírsele a Álvarez la "instauración o impulso del procedimiento específico". Todo ello lleva a esta defensa a solicitar el archivo de la causa contra la ex ministra.

Junto a los tres recursos, el juez debe resolver hasta cinco peticiones de aclaración, como la que ha presentado el abogado Francisco Baena Bocanegra en representación del ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río, por considerar que el auto contiene "errores y omisiones" sobre su supuesta participación en los hechos.

El letrado Manuel Salinero, que representa a Lourdes Medina -ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo-, coincide en que el auto incurre en un "cúmulo de errores de valoración en relación a las funciones y actuaciones" de esta investigada.