Andalucía

Más de 9.000 menores extranjeros pasaron por los centros de la Junta en 2018

  • El Defensor del Pueblo Andaluz prepara un protocolo de atención para estos niños y adolescentes

Dos menores inmigrantes desembarcan en el Puerto de Motril tras ser rescatados. Dos menores inmigrantes desembarcan en el Puerto de Motril tras ser rescatados.

Dos menores inmigrantes desembarcan en el Puerto de Motril tras ser rescatados. / Efe

El Sistema de Protección de Menores de la Junta de Andalucía cerró 2018 con 3.488 menores extranjeros no acompañados bajo su abrigo, ya sea en centros de acogida o con familias. Es la foto fija de finales del año pasado, después de un verano marcado por la llegada de inmigrantes a las costas andaluzas y una situación de colapso denunciada desde las organizaciones no gubernamentales y desde el propio Ejecutivo socialista.

A lo largo del año fueron 9.149 los menores atendidos, independientemente del tiempo de atención, y 7.783 ingresaron en la red de centros de protección. Los datos los dio a conocer ayer el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, durante la presentación de su informe anual. El ex sacerdote aprovechó para hacer balance de su mandato, que acabó hace casi un año y que ha estado marcado por las llegadas masivas de inmigrantes a la región.

Es cierto que cuando llegan adultos a las pateras la competencia es estatal, por eso Maeztu se ha fijado especialmente en los menores, que después de su llegada son atendidos por la Junta, concretamente por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ahora en manos de Rocío Ruiz, pero gestionada durante la legislatura por la socialista María José Sánchez Rubio.

Más allá de la saturación de los recursos de alojamiento, que han crecido de forma extraordinaria para atender la llegada de menores, la Administración regional se encuentra con el problema recurrente que presentan aquellos inmigrantes que aluden ser menores y su edad no está clara.

Los mayores de edad son expulsados, mientras que si tienen menos de 18 años entran en el sistema de protección. Para determinarlo, en Andalucía se hacen pruebas oseométricas en el carpo, un hueso de la muñeca, pero no son las más fiables. Hay otras con mayor certeza, como la que mide la clavícula o una radiografía de la boca para detectar el desarrollo de su dentadura. Lo ideal sería que hubiera un forense, pero esta solución es la más costosa.

Para solucionarlo, el Defensor del Pueblo Andaluz está elaborando un protocolo, que va encaminado a la combinación de dos de las pruebas oseométricas que permitan dilucidar la edad de los migrantes. “No puede haber menores en los CIE”, espetó Maeztu, que reveló que está pendiente de otra reunión con expertos –fiscales, profesionales del Instituto de Medicina Legal– para fijar el proceso. El protocolo también establecería los pasos a seguir con los centros de protección y acogida, entre otros asuntos.

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