La Junta de Andalucía incumple el cribado de cáncer de mama según la Comisión Europea

La respuesta a la eurodiputada Lina Gálvez advierte sobre la falta de cumplimiento de los protocolos europeos en los programas de detección precoz

La UE recuerda las obligaciones recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales

El SAS informa a la comisión de cribados que quedan 217 mujeres pendientes de las pruebas

La eurodiputada Lina Gálvez durante una intervención en el Parlamento europeo.
Redacción Andalucía

19 de diciembre 2025 - 12:27

La Junta de Andalucía se enfrenta a críticas de la Comisión Europea tras constatarse incumplimientos en los programas de cribado del cáncer de mama vigentes en la comunidad autónoma. Esta cuestión ha salido a la luz después de la respuesta institucional remitida a la eurodiputada socialista andaluza Lina Gálvez, quien formuló una pregunta parlamentaria sobre la situación del acceso a la detección precoz y los protocolos aplicados en Andalucía, alineados con las recomendaciones europeas.

La Comisión Europea ha recordado que el acceso a una prevención sanitaria de calidad y a una atención adecuada es un derecho fundamental contemplado en el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Así lo comunicó oficialmente el comisario Olivér Várhelyi, en una respuesta fechada en este 2025, subrayando además que las obligaciones de los Estados miembros no se limitan solo a la realización de las pruebas diagnósticas. La Comisión insiste en que los programas de cribado deben abarcar la evaluación de procesos y resultados, así como la notificación rápida y adecuada a las mujeres participantes.

En palabras de la eurodiputada Gálvez, "la Comisión Europea es clara: un cribado de calidad no consiste únicamente en hacer pruebas, sino en informar correctamente y a tiempo a las mujeres. En Andalucía, la Junta está fallando precisamente en esa obligación básica". Gálvez, a este respecto, hace referencia a la Recomendación del Consejo de 2022 sobre cribado del cáncer y a las directrices europeas sobre cáncer de mama, que fijan estándares específicos sobre la forma en que deben invitarse a las mujeres y cómo gestionar la comunicación de resultados. La eurodiputada afirma que la Junta de Andalucía "no puede escudarse en sus competencias para justificar recortes, retrasos o falta de información. Está vulnerando derechos".

Según la Comisión, los Estados miembros tienen la responsabilidad de asegurar que los programas de cribado sean integrales, extendiéndose más allá del mero aspecto diagnóstico. El comunicado oficial emitido a Gálvez recalca la obligación de analizar tanto los protocolos como los resultados, asegurando una comunicación eficaz que permita a las mujeres actuar a tiempo sobre el diagnóstico. Esta política está incluida en la Hoja de Ruta sobre los Derechos de la Mujer, adoptada en marzo de 2025, en la que se consagra el derecho de todas las mujeres a alcanzar el máximo nivel de salud física y mental posible. En dicho contexto, Gálvez subraya que "cuando se degrada un programa de cribado, no hablamos de un problema administrativo, hablamos de un retroceso en derechos de las mujeres". La parlamentaria considera que la respuesta europea pone en entredicho los argumentos ofrecidos por la Junta de Andalucía sobre el cumplimiento de las directrices comunitarias.

La Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre el cribado del cáncer en 2022, junto con las guías específicas para el cáncer de mama, establecen unas obligaciones precisas sobre la periodicidad y la metodología de invitación, así como la confidencialidad en la comunicación de resultados. La Junta de Andalucía debe adaptar sus prácticas al marco normativo europeo vigente, incluyendo el seguimiento de la calidad del proceso de cribado y la facilitación de información suficiente y comprensible a todas las participantes.

La Comisión recuerda que estas directrices han de aplicarse de manera uniforme en todas las regiones, sin que exista margen para justificar demoras debido a cuestiones administrativas o interpretaciones autonómicas. Estas exigencias buscan garantizar la equidad y la cohesión del sistema sanitario europeo, en particular en lo relativo a la salud de la mujer y la prevención oncológica.

Lina Gálvez sostiene que la posición europea refuerza la exigencia de que las autoridades autonómicas respondan ante la ciudadanía. Asegura que "Europa marca el camino y ofrece apoyo. La Junta de Andalucía está decidiendo conscientemente no cumplir los estándares europeos y poner en riesgo la salud de miles de mujeres andaluzas. Las privaciones en salud del PP matan y ponen en riesgo a las mujeres porque impiden un seguimiento veraz y continuo y están demoliendo de forma deliberada la confianza en la salud pública". Gálvez solicita que se tomen las medidas necesarias para adaptar las políticas públicas y evitar la vulneración de derechos fundamentales reconocidos a nivel comunitario.

El cribado, según la normativa de la Unión Europea, debe incluir no solo la detección temprana, sino también la trazabilidad de los casos y una retroalimentación adecuada. Las mujeres han de recibir tanto orientación como información comprensible acerca de los procedimientos, los posibles resultados y los pasos a seguir en caso de un diagnóstico positivo. El seguimiento de estos procesos es fundamental para asegurar la eficacia del sistema de salud en la prevención oncológica. La transparencia y la puntualidad en la notificación permiten reducir la ansiedad de las pacientes y optimizar las posibilidades de éxito en los tratamientos precoces, según se reconoce en los informes técnicos de la Comisión Europea sobre salud de la mujer.

La competencia en materia de sanidad está transferida a las comunidades autónomas, lo que implica que la Junta de Andalucía debe aplicar las políticas sanitarias de acuerdo a los estándares nacionales y europeos. El programa de cribado de cáncer de mama andaluz se ha desarrollado durante los últimos años bajo la supervisión autonómica, intentando ajustarse a las recomendaciones y protocolos municipales, estatales y europeos. No obstante, la comunicación recibida desde la Comisión Europea destaca carencias en la ejecución práctica, especialmente en la comunicación de resultados y en el seguimiento individualizado de los casos. Esta situación viene siendo denunciada en informes previos, donde se detectan retrasos en la notificación y ausencia de información suficiente, lo que puede generar efectos negativos en la prevención y en la confianza de la población en la sanidad pública.

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