Las comparecencias de los interventores provinciales de la Junta de Andalucía en la comisión que investiga un posible uso fraudulento en los cursos de formación están girando fundamentalmente sobre si a fecha de hoy ha habido o no "menoscabo de fondos públicos". Hasta el momento, han pasado por el Parlamento los responsables de la Intervención de Almería, Cádiz -el pasado viernes-, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén -ayer-. Los dos primeros y el jiennense descartaron el posible "menoscabo". Los de Córdoba y Granada no descartaron el "menoscabo", pero tampoco lo confirmaron. Sólo el interventor de Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, se desmarcó del resto de colegas y aseguró una y otra vez durante su intervención que "en mi criterio sí ha habido un claro menoscabo, el daño está hecho, pueda o no reintegrarse el dinero" por los expedientes con irregularidades.

La comparecencia de García Bermúdez fue "aplaudida" por los grupos de la oposición y "castigada" por el PSOE, al contrario de como ha sido en mayor o menor medida en el resto de intervenciones. El interventor de Huelva y el diputado socialista, Rodrigo Sánchez de Haro, mantuvieron una tensa discusión. El parlamentario andaluz le insistió una y otra en vez en si tenía "constancia" y podía "garantizar que se haya perdido el dinero público". A lo que el interventor le respondió que se trata de "una cuestión de criterio", pero que el "daño es real", como lo apuntó en los informes elevados a la Intervención General.

García Bermúdez también aseguró que no cree que "haya una mano negra o siniestra" detrás de las irregularidades detectadas, pero que es seguro que ha habido una "relajación general en los mecanismos de control", ya que, al menos en su provincia, el cien por cien de los expedientes tienen alguna irregularidad. "Algún mecanismo se ha tenido que relajar para que lleguemos a donde estamos, porque en todas las provincias se han realizado informes especiales y se ha concluido que el órgano gestor no cumplió con la legalidad", indicó. Para concluir, García Bermúdez afirmó: "He cumplido las exigencias que se le requieren a un interventor de la Junta y no me he inhibido de mis funciones".

Del interventor de Córdoba, Antonio Escudero, que fue el primero en comparecer ayer, destacó su consideración de que los expedientes de subvenciones de los cursos de formación entre el 2002 al 2008 "ya han prescrito", ya que han pasado cuatro años desde la conclusión de los cursos impartidos y su justificación, lo que impediría a la Administración reclamar cantidades en caso de que haya irregularidades en los mismos.

El interventor centró sus declaraciones en el informe especial realizado entre el 2009 al 2012, que fue solicitado por la Intervención General a todas la provincias. Negó que se hayan producido exoneraciones "masivas", pero constató que el SAE diera el visto bueno a expedientes con "documentación insuficiente, sin garantía de competitividad y con ausencia de justificaciones" en la contratación a la que se comprometían las empresas. Al igual que el resto de interventores que han comparecido en la comisión, Escudero aseguró que "en absoluto" cuenta con recursos para llevar a cabo el trabajo encomendado.

El interventor de Granada, Miguel Gutiérrez Pedrosa, afirmó que ni la mayoría de beneficiarios de las ayudas por los cursos de formación ni la propia Junta, que concedía las subvenciones han cumplido la legislación aplicable. "Los beneficiarios prácticamente no cumplen con sus obligaciones, pero la Administración también actúa mal porque no exige que se cumpla", acusó Gutiérrez.

El interventor de Granada señaló que de los 82 expedientes revisados como muestra de un total de 841 "todos tenían alguna irregularidad", si bien matizó que en algunos casos se trataba de "formalidades", como la falta de documentación o la existencia de fotocopias sin compulsar. También criticó que el funcionamiento en la intervención se rige por un reglamento que de 1988: "Éste es nuestro libro de cabecera y con esto actuamos, y ha llovido mucho hasta estas fechas".

Finalmente, el interventor de Jaén, Pedro González Gámez, aseguró que debería haber "cuanto menos" un plan de revisión de todos los expedientes por parte del SAE "y ver qué sale". González Gámez dejó claro que nunca recibió órdenes de un superior para que no hiciera su trabajo como debe. "Y si la hubiera recibido no la habría cumplido. Habría sido cesado y, en el caso de que me hubieran expedientado lo habría recurrido".

La comisión continuará hoy con las preguntas de los diputados al ex interventor general de la Junta, Adolfo José García Fernández, quien dimitió de su puesto por motivos personales el pasado 1 de febrero. Antes, lo harán los interventores provinciales, Juan José Delgado (Málaga) y Victoria López (Sevilla).